Teresa E. Hernández-Bolaños
El pasado martes recibimos la notica de que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto ha comunicado, a través de sus abogados, su decisión de recurrir al criterio de oportunidad[1], un recurso que permite a un acusado convertirse en testigo protegido (testigo colaborador), sin duda para evadir las consecuencias del nuevo delito que se le imputa, que la dejaría en la cárcel el resto de su vida. La decisión que tome la Fiscalía General de la República (FGR) ante esta solicitud, sin duda será una dura prueba de credibilidad y de estrategia política del gobierno de AMLO.
Hasta hace unos días y desde el 13 de agosto del año pasado, Robles permanece en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, sujeta a proceso y en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el caso de la llamada Estafa Maestra. Esta misma semana el caso ha dado un giro inesperado, uno de los ya varios testigos protegidos, ha aportado información con la que se le imputa un nuevo delito.
La información aportada por dichos testigos protegidos, incluyendo la más reciente de Emilio Zebadúa González, quien se desempeñó como oficial mayor tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) encabezada por Robles, como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), permitió que se girara una nueva orden de aprehensión contra Robles, ahora por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Este delito puede obtener como pena mínima 45 años de prisión, según explicó su propio abogado Epigmenio Mendieta Valdés en Aristegui Noticias.
No olvidemos que los delitos imputados a Robles vinculados con la Estafa Maestra gozaron de impunidad durante largo tiempo y fueron encubiertos durante el gobierno de Peña. Recordemos que dichos delitos ocurrieron a principios del sexenio, el fraude fue destapado gracias la investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hasta el 2017. La investigación ventiló que 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal a través de contratos que violaban la Ley General de Adquisiciones, utilizando a 8 universidades públicas[2], quienes fungieron como intermediarias para entregar recursos a estas empresas, llevándose como comisión mil millones de pesos.
Los casi 8 mil millones salieron de las cuentas públicas durante 2013 y 2014 (periodo que abarcó la investigación). Más de 3 mil 433 millones de pesos desaparecieron en manos de empresas fantasma. Al menos 11 dependencias públicas estuvieron involucradas en el desvío de recursos públicos, encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), PEMEX y BANOBRAS, junto con SAGARPA, SEP, SCT, INEA, COFEPRIS, IMSS, FOVISSSTE, SENASICA.
Según lo anunciado por los abogados de la ex funcionaria, una vez que presenten su propuesta, la Fiscalía (FGR) se enfrentará a la disyuntiva de aprobarla, para luego ser presentada en audiencia judicial, según explicó el mismo Mendieta. Si la Fiscalía aprobara dicho recurso a favor de Robles, la FGR estaría apostando por “proteger” y librar literalmente a Robles para no ser procesada ni sentenciada por los delitos cometidos, y tendría que justificar que dicha decisión les haga llegar a peces más gordos, concretamente al ex presidente Enrique Peña Nieto, incluso Calderón y a otros altos funcionarios de las secretarías involucradas en las pasadas administraciones. Si finalmente ni Robles, ni Peña ni ningún funcionario fuera juzgado, la credibilidad de la FGR y del gobierno de AMLO no saldría bien librado. Quizá que Robles y los otros testigos protegidos acepten su participación y su culpa en el delito, pero no sean encarcelados no sea suficiente para la opinión pública.
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