Teresa E. Hernández-Bolaños
A poco más de un mes de que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviara una iniciativa de ley al Congreso, para la desaparición del outsourcing[1] en México, llegó el momento para que la Cámara de Diputados discutiera la reforma en materia de subcontratación laboral. Sin embargo, la tarea no ha sido fácil y la discusión no ha sido un asunto sólo del Congreso. A final, no sólo los trabajadores y sus derechos laborales están en juego, sino la estabilidad de quienes producen o generan producción y empleo, la iniciativa privada (IP), así como también la estabilidad de las instituciones gubernamentales de recaudación relacionadas con los trabajadores, los impuestos y la seguridad social.
En este sentido ha sido un acierto que el gobierno federal se haya reunido en repetidas ocasiones con la IP y se hayan negociados los términos de la iniciativa. Ya que la iniciativa original del Presidente no sólo planteaba la prohibición de la subcontratación laboral, es decir, su eliminación (salvo de servicios especializados), sino que planteaba sanciones severas, como equiparar la evasión fiscal mediante la subcontratación como delincuencia organizada, con pena de prisión preventiva de oficio.
Entre los participantes de las reuniones estuvieron los principales representantes empresariales, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-Servytur), José Manuel López Campos; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz; el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA), Adrián Sada Cueva; el Presidente del Consejo Mexicanos de Negocios (CMN), Antonio del Valle; la titular del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (Ceeg), Claudia Jañez. Por parte del gobierno se presentaron a las reuniones algunos miembros del gabinete como la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Lujan; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo; y el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca Vázquez.
Juntos, IP y gobierno, lograron llegar a acuerdos importantes respecto a la iniciativa, en la segunda reunión lograron aprobar la eliminación del outsourcing, lo que significa que los empleados de las empresas realizarán las labores que hasta ahora se realizaban fuera de la empresa. Otra de las cuestiones que también están en la mesa para su aprobación es la iniciativa del grupo parlamentario de Morena quien propuso la prohibición del outsourcing en las dependencias y organismos gubernamentales, a lo que el Presidente comentó que la administración pública federal debía poner el ejemplo.
Mientras escribíamos estas líneas, se llevaría a cabo otra reunión entre empresarios y gobierno, y estaba por ejecutarse la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, ya que se había reprogramado para el 3 de diciembre con la intención de esperar los resultados de la reunión entre la IP y el gobierno. Consideramos que la iniciativa será finalmente aprobada, pero que las conversaciones lograrán matizar y moderar los términos de las sanciones respecto a evasión fiscal y la violación a los derechos laborales de los trabajadores, así como ciertos cambios a la propuesta original.
Las empresas deben prever la inminente reestructuración en sus procesos de contratación y cumplimiento de sus obligaciones patronales. No olvidemos que la figura del outsourcing ha ganado mucho terreno en México, 1 de cada 4 empleos formales dependen del outsourcing, y el 60% de las empresas maquiladoras recurren a la contratación vía outsourcing, según datos proporcionados por el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, y el sector industrial.
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