Teresa E. Hernández-Bolaños
Hemos hablado ya del arduo debate que han generado las decisiones gubernamentales entre priorizar la salud o la economía, para resolver la crisis generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). El costo económico y social que la pandemia ha provocado es aún incalculable, debido a que sigue vigente y prolongado. La crisis sanitaria desató una crisis laboral, la crisis laborar impacto en una crisis económica y la crisis económica está revirtiendo los avances en el combarte al desempleo, la pobreza y la salud.
Este aumento acelerado del desempleo y la pobreza aunado a la caída del PIB mundial, nos ha llevado a enfrentar la mayor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial, según el Banco Mundial y la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), lo que han llevado a los países a reactivar urgente y desesperadamente las economías y el comercio mundial[1], con el consecuente costo de vidas humanas. Los organismos Internacionales y los gobiernos nacionales tienen claro, o deberían tenerlo, que la respuesta a la crisis debe ser inmediata e integral. Que es apremiante sostener la economía, al tiempo que recuperar el empleo y garantizar la salud, pero ¿cómo hacerlo?
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) plantea[2] que los países deberán implementar una serie de medidas estructuradas en cuatro pilares (1. Estimular la economía y el empleo, 2. Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, 3. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y 4. Recurrir al dialogo social para encontrar soluciones). Para la OCDE[3] adoptar políticas como reforzar los sistemas de salud y mantener una política fiscal de apoyo es fundamental para superar la crisis.
Estas medidas ya se están implementado en mayor o menor medida, de manera más o menos estructurada y bajo estrategias políticas más o menos claras en algunos países; sin embrago, hay un problema adicional, poder mantenerlas por lo menos lo necesario para recuperar la economía, ya que depende de los presupuestos y recursos gubernamentales, y no todos los países tienen la capacidad individual para sostenerlas, la única salida es aumentar la deuda pública[4] y solicitar préstamos adicionales. Ante el escenario habrá que unir fuerzas y establecer alianzas económicas conjuntas, esta medida parece la más factible, al menos así lo considera la Unión Europea (UE).
La UE y sus 27 socios lograron el pasado 21 de julio un gran pacto en el que se acordó un plan de estímulos por 750.000 millones de euros, unos 858.000 millones de dólares (como fondo exclusivo contra la crisis de la pandemia), y un presupuesto de 1.1 billones de euros, para un total de cerca de 1.8 billones de euros para reconstruir la economía del bloque durante el periodo 2021-2027, para la recuperación de Europa frente al COVID-19. Un presupuesto destinado a subvenciones (y/o subsidios a fondo perdido) a los Estados miembros más afectados y a préstamos. El presupuesto debe aplicarse en tres pilares: crear reformas para ayudar a las empresas a recuperarse de la pandemia, implementar nuevas medidas para reformar las economías a largo plazo, e invertir para ayudar a protegerse de crisis futuras. La UE tomará prestado el dinero en los mercados financieros.
El futuro de la recuperación depende de estrategias conjuntas y solidarias. Habrá que esperar respuestas similares en otras regiones del mundo.
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