Estudios demuestran que 76 % del total de las concesiones de agua (más de 400 mil) están en manos de grandes corporaciones como ArcelorMittal, Grupo Coca-Cola o Kimberly-Clark, y algunas familias, entre las que están las de algunos políticos, como los Monreal o los Fox.
Jessica Alcázar Zaragoza
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 26 de noviembre, Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó la iniciativa del Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas ―reglamentaria del artículo 4º Constitucional― y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales ―reglamentaria del artículo 27º Constitucional― que se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
Morales López señaló que las reformas sientan las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de las aguas nacionales “para que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como derecho humano” y como un bien estratégico para el desarrollo del país.
Entre los principales cambios están que se definen las competencias, siendo el Estado mexicano el único facultado para llevar a cabo el otorgamiento de concesiones; se reconoce a los sistemas comunitarios de agua que operan en distintas zonas del país, y se creará un nuevo registro público de aguas nacionales para tener transparencia en las concesiones otorgadas, beneficiarios y volumen otorgado.
Además, se fortalecen los procedimientos para sancionar el robo de agua; se crea un fondo de reserva de aguas nacionales para garantizar el derecho humano, sobre todo de comunidades indígenas que no tienen concesiones, y se promueve la tecnificación del riego y el fortalecimiento de los mecanismos para medir el agua “porque lo que no se mide no se puede eficientar”.
Asimismo, se establece una regulación para la captación pluvial y se impide la transmisión de títulos de concesión entre particulares, la subutilización y los cambios de uso.
Recalcó que ya no se permitirá que las concesiones de uso agrícola ―que son gratuitas porque están destinadas a la producción de alimentos― se destinen a parques industriales, desarrollos inmobiliarios, campos de golf o balnearios, como lo venían haciendo, incluso para la venta de agua en pipas (hasta 300 pipas diarias cuyo costo oscila entre los 2 mil y 3 mil pesos) hasta a los propios ayuntamientos.
Aclaró ―como también lo hizo la presidenta Sheinbaum― que sí se permitirá la herencia y transmisión de los títulos junto con las tierras, otorgando un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario, lo que representó una de las mayores preocupaciones de los agricultores que participaron en el paro nacional.
Entre los grandes productores que liderearon este paro, está Adrián LeBarón, en Chihuahua, cuya familia ―dedicada a la agricultura, entre otras actividades― tiene un total de 150 registros autorizados por la Conagua (53 para siembra de nogales y 97 sin especificar) que suman un volumen de 47 millones 502 mil 957 m3 de agua al año (47 hm3/año).
De estos 150 registros, 64 son títulos de aguas nacionales y 86 constancias de libre alumbramiento (por 24 millones 60 mil m3) que sirven para descargar aguas residuales, 41 de las cuales fueron autorizadas por Alex LeBarón cuando era titular de la Dirección local Chihuahua y su esposa, Brenda Ríos de LeBarón, cuando era delegada estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entre 2013 y 2015.
Adrián LeBarón afirmó en entrevista con José Cárdenas que seguirán con el bloqueo del paso de camiones de carga en el Puente Internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, para que “se haga mella” porque “se puede decir los campesinos, la gente, el agricultor, la gente que necesita una seguridad en su derecho al agua y al usufructo del agua, es el que está manifestándose ahorita… todo esto para que entiendan que sí se trata de este tipo de gente la que está genuinamente pidiendo que ya se quiten la propuesta de iniciativa del cambio de la nueva ley del agua”.
Asimismo, negó que hubiera acaparamiento de agua y que ellos saben “conducir las agüitas para poder sembrar o perforamos un poco para poder tener”, porque en la sierra no hay suficiente agua y por eso son “muy técnicos en el uso del agua” para el riego presurizado. “Nadie usa mejor el agua que nosotros, que Zacatecas, que Chihuahua. Mentiras que hay, no, no hay acaparadores del agua”.
Aseguró que con esta propuesta criminalizan al campo y que ya han sufrido mucho con la ley tal como está y con la Conagua, a la que definieron como “el gran cártel”. Además, advirtió de “un gran conflicto nacional” si se aprueba la reforma: “Va a ser el inicio de un gran conflicto nacional entre la ciudadanía y el gobierno”.
Otro miembro de la familia, Julián LeBarón, publicó un video dirigido a los “hermanos mexicanos”, en el que aseveró que “van a destruir la capacidad productiva de alimentos si permitimos que estos burócratas y estos políticos terminen controlando lo que a todos nosotros nos pertenece. La tierra es de quien la trabaja y si separan el agua de la tierra es lo mismo que imponernos la servidumbre a 140 millones de mexicanos, porque 40 millones ya se fueron a otro país porque las decisiones tan malas”.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar denunció a la familia LeBarón como unos “depredadores de agua” que forman parte de una ‘hidromafia’ en Chihuahua, entre otros que se oponen a la reforma de la Ley General del Aguas, incluso miembros de Morena.
Un caso representativo de integrantes de Morena que han acaparado las concesiones de agua es el de la familia de Ricardo Monreal, quienes tienen concesiones por 843 mil 460 m3 anuales de agua del acuífero Aguanaval, ubicado en Fresnillo, Zacatecas, el cual presenta un déficit de 89 millones de m3.
En días recientes también se ha hecho pública la lista de gobernadores y exgobernadores de casi todos los estados del país que se han beneficiado con este tipo de concesiones, entre los que destacan el caso del exgobernador César Duarte, acusado por acaparar ilegalmente más de 700 millones de litros de agua para su rancho “El Saucito”, en Chihuahua, donde construyó una presa y cinco represas, sin permisos ni títulos de concesión, que desviaban el agua de un arroyo que alimenta al Río Conchos y al Río Bravo, y que fueron demolidas por la Conagua.
También fue muy sonado el caso de Guillermo Padrés Elías, quien construyó una presa en un cauce federal sin permisos de la Conagua ni autorización de impacto ambiental, y un acueducto de 7.5 km en su rancho privado Pozonuevo, que transporta agua de la presa El Novillo a Hermosillo, Sonora.
Además, su hijo y su sobrino suman seis títulos de concesión, y se le acusó de tener al menos 245 tomas clandestinas que beneficiaban a personas cercanas a él, así como de robar agua a la tribu yaqui.
Entre los políticos que han sido señalados en medios por poseer concesiones de agua están Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Francisco Ramírez Acuña (Jalisco), Ángel Aguirre Rivero (Guerrero) Rutilio Escandón Cadena (Chiapas), Jaime Rodríguez Calderón (Monterrey), Ignacio Loyola Vera y Enrique Burgos García (Querétaro), así como el expresidente Vicente Fox Quesada, cuya familia ha acumulado al menos 18 concesiones de agua en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que suman más de 2.1 millones de metros cúbicos.
Los estudios
El informe Los Millonarios del Agua, de los académicos Wilfrido A. Gómez Arias y Andrea Moctezuma, detalla el acaparamiento del agua que cometen grandes empresas privadas como Kimberly-Clark, de Claudio X. González, acusada por contaminar ríos y manantiales en Veracruz, Querétaro y Michoacán, con 27.3 millones de m3 al año; Bachoco (17.6 hm3), Cooperativa La Cruz Azul (3.7 hm3), Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, que extrae 2.2 millones de m3 en la cuenca del Valle de México, y Herdez (2.2 hm3).
También están ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, con 100.5 hectómetros cúbicos al año, denunciada por contaminación, al igual que las mineras Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, con 50 hm3 y Buenavista del Cobre, de Grupo México de Germán Larrea, con 53 hm3.
Adicionalmente, el informe destaca a Manuel Tricio Cerro, quien, junto a familiares ―en su mayoría accionistas del Grupo Industrial Lala―, suman 38 hm3 al año, y a Grupo Coca-Cola (39.4 hm3), que han sido acusados de sobreexplotar acuíferos.
De acuerdo con Elena Burns, subdirectora de Administración de Agua en la Conagua en la pasada administración, de los 56 millones de pesos que deberían pagar anualmente los usuarios industriales y de servicios, solo se pagaron 12 mil millones de pesos en 2023, esto debido a que el 80 % del volumen concesionado para estos usos no se declaran ni se pagan los derechos correspondientes, lo que genera un déficit fiscal masivo.
Según el reporte Beneficios en fuga de Oxfam México (2025), en 1992 había unas 2 mil concesiones de agua registradas en el país, y para 2024 este número se disparó a más de 530 mil (536 mil en 2025, según reportes de la Conagua), siendo la administración de Calderón la época en la que “se dieron un montón de concesiones”, dijo la presidenta Sheinbaum.
El estudio de Oxfam México muestra que, del total de las concesiones, aproximadamente el 76 % está en manos de grandes corporaciones (400 mil), lo que provoca una distribución desigual, dejando a millones de personas ―principalmente en zonas rurales o comunidades indígenas― con escasez de agua, acceso deficiente o tarifas altas.
Dicho estudio indica que ocho de los diez mayores extractores de agua en el país se relacionan con el sector turístico, como es el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, que aparece como la empresa del sector servicios que más agua extrae en México.
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, reportó que hasta septiembre de 2025 habían revisado el 90 % de los títulos de concesión de aguas, detectando 58,938 inconsistencias relacionadas con presunta falsificación de títulos, usos diferentes a la actividad concesionada, fechas de vigencia y ubicaciones que no coincidían.
Informó que se encontraron con registros duplicados con datos incompletos o poco confiables que compartían información errónea o distinta, trámites sin seguimiento y 29 539 concesiones en las que no había certeza de la fecha de vencimiento por no ser debidamente notificadas.
De las casi 4 mil visitas de inspección que habían llevado a cabo hasta ese momento, se encontraron con que 272 títulos de uso agrícola se usaron para otros fines, y realizaron 490 clausuras y suspensiones. Además, lograron recaudar 2,938 millones más que en 2024 y recuperaron 4,475 hm3 de agua.
