Samuel Bonilla.[i]
Las relaciones entre la ciudadanía y las autoridades están marcadas por una profunda desconfianza mutua, y por el temor también. Ambas partes se necesitan y a la vez se consideran, una a la otra, como un mal necesario con el que hay que lidiar lo menos que sea posible, sólo cuando resulte inevitable, estrictamente necesario o conveniente.
Hablar del gobierno en casi cualquier reunión privada y hasta en foros públicos es una oportunidad de desahogo y crítica: obras deficientes, incompletas o inexistentes; mantenimiento descuidado, malos servicios, atención descortés, corrupción, ineficiencia, insensibilidad, etcétera.
Y aunque buena parte de esa crítica pudiera tener motivos válidos y fuese conveniente canalizarla por los canales institucionales o de protesta social, cabría preguntarnos, como parte de la ciudadanía, ¿cuál es nuestra corresponsabilidad en ese estado de cosas?, ¿qué podemos hacer tanto en lo individual como, mejor aún, en lo colectivo para evitar condiciones sociales indeseables y para mejorar o solucionar otras?
Es cierto que es tarea de las autoridades proteger y desarrollar el bien común, más no es una función vetada a ciudadanos; es imposible que ellas pudieran hacerlo sin la participación ciudadana. ¿Cuánto tiempo dura limpia una calle o una plaza que ha sido aseada por la autoridad municipal?, ¿cuánto tiempo se conserva en buen estado una obra realizada por el gobierno, sin considerar el desgaste natural por su uso?, ¿cuánto tiempo destinamos a tareas comunitarias o a gestiones para la preservación, creación o mejora de bienes y servicios públicos?
¿Qué ocurriría si parte de esa crítica hacia la autoridad la dirigiéramos hacia nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas corresponsables del estado de cosas y exploráramos nuestras áreas de oportunidad para asumir una función activa y colaborativa?
Los canales y mecanismos de participación ciudadana concebidos y creados desde la lógica del gobierno no siempre son idóneos o fácilmente accesibles, pero tampoco tienen porqué ser los únicos. Cierto que el gobierno no es muy receptivo, por decir lo menos, a las iniciativas ciudadanas o a la participación ciudadana al margen de sus convocatorias o mecanismos. Pero nada nos impide, más que nuestra apatía o desconfianza, generar o impulsar iniciativas ciudadanas de exigencia y colaboración con el gobierno enfocadas a la atención de asuntos del interés específico de nosotros o de nuestra comunidad; no sólo es nuestro derecho sino también nuestro deber desde una posición de corresponsabilidad social.
La pasividad y la queja no van a cambiar mucho nuestra realidad. Si deseamos gobiernos de primera debiéramos asumirnos ciudadanos de primera, interesados en lo público, informados, involucrados, observadores, exigentes, propositivos y coadyuvantes.
En lo individual jamás podremos dar seguimiento y acompañamiento a todos los actores públicos de nuestra comunidad, ciudad, estado o país. Necesitamos la organización ciudadana y colaboración con instituciones de educación superior, del sector público y con organizaciones ya constituidas de la sociedad civil especializadas en asuntos específicos de la vida pública de nuestro interés particular. Necesitamos aprender o construir los ABC para la participación ciudadana en esos asuntos que nos importan.
Podríamos iniciar evaluando los perfiles y propuestas de los candidatos y candidatas a la diputación de nuestro distrito, a la presidencia de nuestro municipio, a la gubernatura o presidencia de la república. Sí, eso implica esfuerzo, tiempo y trabajo, pero si queremos cambiar el estado de cosas debiéramos empezar por nosotros mismos, romper la inercia de nuestra zona de confort, apatía o desconfianza.
Ganen o no las candidatas o candidatos por quienes hayamos votado, quienes obtengan la victoria deben tener promesas de campaña que debemos correlacionar con los temas de nuestro interés, e incidir para que incorporen a su agenda de trabajo los asuntos que consideramos deben de estar ahí. Seguimiento, exigencia y colaboración serían las tareas básicas para aportar a mejorar el estado de cosas en nuestras comunidades.
Mientras más indiferentes seamos de los asuntos públicos y del desempeño de nuestros representantes y autoridades es mayor la oportunidad para la discrecionalidad, opacidad, ineficiencia y corrupción en su ejercicio. Cuando critiquemos a una autoridad o representante electo preguntémonos qué fue lo que no hicimos que pudo haber contribuido a que ocurriera el motivo de nuestra queja, y qué es lo que podemos hacer para que ese motivo no vuelva a ocurrir.
Nuestro voto no es un cheque en blanco, es una muestra de confianza o de esperanza que exige ser correspondida. Nuestros impuestos no deben ser una aportación forzada sino un acto consciente de colaboración que merece ser correspondido con transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficiencia y derecho de audiencia. Pero el voto y pago de impuestos no son suficientes, son apenas puntos de partida recurrentes del camino de la participación ciudadana crítica, exigente y colaborativa que los convertirán en pagarés sociales a favor de la comunidad.
Mejores gobiernos y autoridades sí, pero mejores ciudadanas y ciudadanos también.
[i] Coordinador del Programa Transparencia para Tod@s.
twitter: @transparatodos
De acuerdo. El problema es que tenemos poco gobierno y poca sociedad. Nuestros ciudadanos en general no son mucho mejores que nuestros gobernantes y políticos. Pero ponemos todo el acento en los otros, no en nosotros. El enemigo identificado nos libera de nuestras faltas y responsabilidades. Q, 12-II-2021.