En Pocas Palabras
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Suspensión definitiva de la Ley de Hidrocarburos

Foto: Secretaría de Energía.

Teresa E. Hernández-Bolaños

Este lunes 17 de mayo la Ley de Hidrocarburos, aprobada por los Diputados en marzo de este año, por los Senadores en abril, y publicada en el Diario Oficial de la Federación[1] el día 4 de mayo de este 2021, fue suspendida de forma definitiva en ciertos artículos y de manera indefinida en otros, mientras corre el juicio de amparo que algunas empresas interpusieron. Los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro (especializados en competencia económica) fueron los encargados de esta suspensión. Los jueces han sustentado la suspensión en la inconstitucionalidad de la reforma, ya que consideran que la misma atenta contra la libre competencia y la seguridad jurídica de las empresas, dictada en la Constitución.

Si bien sólo unas empresas interpusieron amparos, los jueces suspendieron las medidas de manera general. De manera que, esta suspensión favorecerá a todas las empresas sujetas a esta ley, aunque no se hayan amparado, eliminando la posibilidad de que PEMEX (Petróleos Mexicanos) aumente su presencia y control; es decir, recupere la rectoría en la distribución de los combustibles (que es lo que busca la reforma, entre otras cocas). Concretamente esta suspensión, que da respuesta a los amparos, otorga amparo a las compañías contra lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos recién aprobada, en el que se otorga a la autoridad competencia para realizar una ocupación temporal de instalaciones a los permisionarios, intervenir los permisos o suspenderlos, en cuyos casos la estatal PEMEX asumiría las operaciones.

La suspensión de los jueces también revierte dos artículos transitorios, que otorgaban a la autoridad la posibilidad de revocar permisos en caso de incumplimiento de abastecer el mínimo necesario de almacenamiento estipulado por la Secretaría de Energía, o infrinjan cualquier otra disposición. Ante la suspensión, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó al día siguiente que el ejecutivo se opondrá por la vía legal a la disposición, presentando una controversia jurídica ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien tendrá que volver a evaluar el caso.

No olvidemos que el argumento que sustentó la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos de este año, fue justamente atacar al “huachicol”, al contrabando, ya que según cifras de la presidencia en el sexenio anterior se otorgaron más de mil permisos para la importación de gasolina y diésel, mismos que, en algunos casos, fueron utilizaron para el contrabando. Estos permisos otorgados se fundamentaron en la reforma energética de Peña del 2014, en la que se incluyó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, así como en las reformas y adiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que permiten la participación del sector privado en la industria petrolífera, involucrándose en la producción y distribución.

Ante este panorama la implementación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos suma un capítulo más y parece no haber concluido. Habrá que esperar la respuesta legal del ejecutivo; sin embargo, más allá de las controversias legales, mientras el ejecutivo no tome en serio la necesidad de una reforma constitucional que sustente las nuevas reformas a las leyes de Hidrocarburos y Energética, las controversias serán infructuosas.

[1] Puede revisar el Decreto de ley publicado en el Diario Oficial de la Federación del 04/05/2021 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617453&fecha=04/05/2021