Oscar Wingartz Plata*
El primer punto muestra a un gobierno y un Estado incapaces de mantener bajo control su estructura penitenciaria, sabidamente bajo control de grupos delictivos, que desde esos centros de reclusión operan como gerentes de grandes negociosos criminales. Al reconocer que no pueden mantener gobernabilidad y respetabilidad de las leyes en esas prisiones México opta por delegar esa responsabilidad a Estados Unidos, y lo hace exhibiendo menosprecio por su propia legalidad, con argumentación “jurídica” bananera. Julio Hernández López.
En un contexto abigarrado y complejo, el lunes 25 de agosto, se presentó ante la Corte de Brooklyn, Nueva York, uno de los capos mexicanos más afamados por el tiempo que estuvo accionando sin ser “molestado” ni capturado por autoridad alguna, nos referimos al señor Ismael Zambada García. Eso lo relacionamos de manera cercana con la forma en que fue “trasladado” a Estados Unidos. Un episodio nada claro, oscuro, envuelto en un mar de secrecía, porque ni la autoridad mexicana ni la estadounidense se han declarado sobre el evento y cómo sucedido. Esta noticia, a su vez, está enmarcada en una serie de hechos, de dimes y diretes, sobre todo, del gobierno encabezado por D. Trump, donde todo se mezcla, se rebusca, se tiende una gruesa capa nubosa, para distraer a la opinión pública de Estados Unidos y México, de uno de sus objetivos centrales, que él no se constituya en el foco de atención sobre su actuar y su política depredadora, y así obtener el mayor beneficio para su gestión, como decimos en nuestro medio, “salir lo mejor librado posible”. No hay que olvidar que Trump está siendo juzgado por 34 cargos de diversa índole. En algunos, declarado culpable, esto quiere decir, que es un delincuente, y lo más increíble está en funciones como presidente de Estados Unidos. ¡Para Kafka!
Con estos elementos a la vista, la relación México-Estados Unidos se vuelve a poner en el ojo del huracán. En un estira y afloja, que se mueve al vaivén de los intereses norteamericanos, y cuyo actor clave, nuevamente es su presidente. Desde su campaña, hizo una serie de declaraciones, afirmaciones y dichos sobre nuestro país, nuestras relaciones y la manera en que concibe a nuestra nación. Todas ellas, falsas, mal intencionadas, deleznables, ofensivas y carentes del mínimo decoro por la envestidura que se supone porta. Estando, así las cosas, una de las preguntas que nos demos hacer es, ¿en qué situación queda nuestro país y nuestro gobierno? Parecería que nuestra soberanía navegara en vientos huracanados, y quien dicta el rumbo de la misma, fuera el gobierno norteamericano. No es exagerado lo que se dice, por la serie de dichos y hechos que ha sucedido en los últimos dos meses, por poner un parámetro.
Un ejemplo de lo que se está comentando, fue lo que aconteció el pasado 13 de agosto, donde el gobierno mexicano entregó al gobierno norteamericano a 26 personajes del crimen organizado, muchos de ellos de trayectoria conocida desde hace décadas, para que sigan su proceso judicial en cárceles de aquel país norteño. Esto en sano juicio debe abrir una serie de reflexiones de primer orden, la primera por su relevancia, se refiere a la conducta misma del gobierno al enviar a estas personas para ser juzgadas por leyes extranjeras, en un territorio donde no cometieron los crímenes que les imputan y bajo condiciones poco claras por la manera en que se dio su extradición. Muchos de nuestros amables lectores dirán con toda razón, que no es la primera vez que se hace eso. Cierto. Pero el punto que se desea destacar es como en esta administración federal se habla de no sumisión ni vulneración de la soberanía nacional, pero se entra en terreno pantanoso al tratar de explicar los fundamentos de dichas extradiciones. Ese es el “quid” del asunto.
Para ello podemos retomar el epígrafe de esta entrega de Julio Hernández[1], donde hace una serie de puntualizaciones contundentes y severas. No tienen nada de sobre dimensionadas, son parte de una historia en extremo dilatada, que corre a través de nuestro acontecer judicial. Las menciones que hace el autor del epígrafe dan mucho en qué pensar, porque, si el asunto está en esos tonos, eso quiere decir que nuestra posibilidad de juzgar con objetividad y claridad se esfuma o entra en una dimensión nebulosa. Lo cual, no es nada nuevo. Es decir, tenemos que remitirnos a una instancia extraterritorial para resolver con cierta solvencia una cuestión en extremo crítica, el acontecer cotidiano del sistema penitenciario nacional. Es en ese punto donde pone el énfasis, y el porqué de la gravedad del problema. Una expresión del autor muy fuerte al decir: “…con argumentación jurídica ‘bananera’”. Eso expresa la escasa claridad del gobierno y la falta de sustento real.
Esto por consecuencia nos lleva a otra de las aristas de este asunto, se habla, se discute, se argumenta sobre el trasiego de drogas más allá de nuestras fronteras por grupos criminales, que ya alcanzaron el rango de ser empresas transnacionales, con una capacidad de actuación y diversificación, sobre todo, en Estados Unidos, por ser un mercado habido e insaciable de consumo de diversos estupefacientes. Es decir, un negocio próspero y redituable, por el costado que se le vea. Esto nos pone una situación inestable, por una razón que está a la vista, si efectivamente se desea acabar con los grupos delictivos de esa envergadura, se debería tener un aparato de justicia sólido, robusto, probo; pero, los hechos nos remiten exactamente a su antítesis, se nos pone todo el sistema judicial en una fragilidad manifiesta. Es duro decirlo, pero los hechos lo confirman.
Otra arista de este problema es, la forma o la manera en que se ha deseado atacar este fenómeno, en muchos casos, los resultados han sido magros, por una serie de factores e incidencias que afectan directamente la obtención de resultados fiables y duraderos. En una ocasión el expresidente López Obrador decía algo muy sabio y certero, si se desea hacerle frente al narcotráfico, hay que ir a la raíz de sus causas, para que sus efectos no se reproduzcan, ¿la raíz? Es multifactorial, no es una sola causa el detonante de estos males. Enumerarlos nos llevaría mucho tiempo y espacio, pero hay dos factores que inciden directamente en su reproducción: la pobreza y el abandono de vastos sectores sociales, el segundo, se ha constituido en un negocio altamente lucrativo. Donde sus tentáculos ya tienen una dimensión transnacional y cobija una red inmensa de agentes, operadores, encubrimientos, y abarca un tejido de relaciones que atraviesa toda la estructura social de países por la fuerza que ha adquirido.
Así, pues, las acciones para contener o desmantelar este inmenso negocio debe seguir una ruta en extremo compleja, porque toca, refiere aparatos de gobierno, judiciales, policiacos; y evidentemente, se extiende sobre el tejido social.
*Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.
[1] Julio Hernández López, “Astillero”, en La Jornada, México, 14/08/2025.
