Teresa E. Hernández-Bolaños
Mientras la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada y publicada en Diario Oficial de la Federación[1] el pasado martes 9 de marzo del 2021, continúa en controversia, suspendida para su aplicación, de manera indefinida, un asunto que el gobierno tendrá que enfrentar y resolver, para liberar las reformas de dicha ley. El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha decidido también ingresar una nueva iniciativa al Congreso de la Unión, nada menos que la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
La nueva iniciativa parece seguir los pasos de su antecesora, la de la Industria Eléctrica. El pasado viernes 26 ha sido liberada por el ejecutivo y el sábado 27 de marzo fue enviada a la Cámara de Diputados. Todo indica que, como la Ley de la Industria Eléctrica, la nueva propuesta de reforma pretende revertir las reformas hechas por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien, en la reforma energética, incluyó en un paquete la Ley de Hidrocarburos, la Minera y la de inversión extranjera. No hay que perder de vista que estas reformas se ejecutaron en el marco de la tercera generación de reformas de estabilización y ajuste estructural del paquete neoliberal al que se adhirió México desde hace varias décadas.
La ley de Hidrocarburos peñista no sólo permitió a la iniciativa privada participar en las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, sino también permitió el ingreso de empresas nacionales y extranjeras, involucrase en la refinación, enajenación, comercialización y venta al público de gas y petrolíferos, así como también, transporte por ductos y almacenamiento de petroquímicos. La ley de Peña fue aprobada y publicada el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación[2]. De manera oficial se expidió el Decreto de la Ley de Hidrocarburos y la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público Privadas, que entraron en el mismo paquete.
Tanto el Presidente como integrantes del gobierno federal, sostienen que esta nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos, tiene como objetivo evitar que continúe el ingreso de combustible de “contrabando”, ya que, según se sostiene, algunos de quienes tienen permisos de importación han incumplido con compromisos y han incurrido en “contrabando”. De las 1,000 licencias otorgadas para importación de combustibles como gasolina, sólo quedan 75 vigentes, pero, sostiene el ejecutivo, con la nueva reforma, ya no se otorgarán más contratos de este tipo, con lo que se evitará este problema y se protegerá a PEMEX (Petróleos Mexicanos).
Evidentemente ya surgieron las primeras protestas respecto a la nueva iniciativa de reforma, y el argumento de fondo sigue y seguirá siendo la inconstitucionalidad de esta nueva reforma y las controversias legales con los privados que resultarán afectados. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), quien representa a los gasolineros y al sector empresarial petrolífero gasolina y diésel, ya emitió un comunicado, en el que sostiene que la propuesta de reforma contiene elementos contradictorios con principios y reglas establecidos por la constitución respecto a la participación del sector privado en la industria petrolífera, por lo que hizo un llamado a los legisladores para que “analicen con profundidad” la nueva reforma y eviten los efectos negativos de la misma. Una vez que los legisladores vuelva de vacaciones de Semana Santa, sin duda, llegarán las confrontaciones y los duros enfrentamientos, que vinos en la Ley Eléctrica en ambas cámaras.
Una vez más señalamos que la única forma de sostener las nuevas reformas, será a partir de una reforma constitucional en los artículos que sostienen las reformas del 2014, que en el caso de los hidrocarburos se refiere a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Excelente