Va la reforma al Poder Judicial

Oscar Wingartz Plata*

En la actualidad se tiene que pensar lo político desde una realidad histórica concreta, es decir, dentro de un espacio y una temporalidad, pues de otro modo se correo el riesgo de caer en interpretaciones e inclusive en ficciones que poco o nada dicen de la realidad político-social. Mario Magallón Anaya.

En la madrugada del miércoles 4 de septiembre del año en curso, la Cámara de Diputados, en sede alterna, la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, con quorum legal de 372 legisladores al inicio de la discusión sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, se aprobó el dictamen en lo general, con 359 votos a favor contra 135 de la oposición. Con esta votación la reforma entra en las sucesivas fases para su puesta en acto y con efectos de implementación el próximo año. No se está afirmando que va a ser en lo inmediato, porque debe pasar por una serie de requisitos de formales, como pasar a la Cámara de Senadores y por las legislaturas estatales, para su plena aprobación.

Es decir, la primera fase se ha cumplido, en la Cámara de Diputados, donde fue enviada la iniciativa presidencial, para su discusión, aprobación y los consecuentes procedimientos de ley. A partir de su aprobación en lo general, se inicia la reconstitución de ese poder fundamental del Estado mexicano, que venía precedido de una serie de dichos, dimes, diretes y acciones muy complejas, donde apareció de todo. En consecuencia, proponemos algunas reflexiones.

Es evidente que, una reforma constitucional de este calibre implica una serie de procedimientos complejos y minuciosos. Porque, no estamos hablando de cualquier reforma, se está hablando de un cambio profundo que afecta, toca el texto constitucional, eso exige visualizar con absoluta pertinencia los alcances, efectos y acciones concretas que dichas reformas van a tener en lo inmediato. Así, pues, esta iniciativa fue presentada el pasado mes de febrero, no había tenido mayor trámite por requería de lo que se conoce como “mayoría calificada” para su aprobación y efectos posteriores. Son cambios constitucionales que exigen una serie de requisitos más complejos. Aquí viene una primera idea que debe ser valorada con juicio sereno y equilibrado, para no entrar en argumentaciones con escaso o nulo fundamento, como lo ha querido mostrar la oposición, donde ha esgrimido una serie de afirmaciones poco sólidas y sensatas.

Con las elecciones pasadas, el panorama se allanó mucho para dar cauce a esta reforma, es decir, MORENA y la coalición que encabeza junto con el PT y el VERDE obtuvieron la mayoría calificada en lo que se llama la cámara de origen, esto es, de diputados. Ante tal contundencia, se fueron desarrollando una serie de alegatos, “exposiciones”, que más parecen quejas por parte de la oposición, donde les ha costado un mundo aceptar que perdieron de manera avasalladora, lapidaria, antes eso, poco se puede hacer, bueno, sí, aceptar que perdieron en buena lid. Por no meternos “en el expediente” nada virtuoso de las elecciones pasadas, donde hubo de todo. Es decir, MORENA y la coalición que encabeza está dando cabal cumplimiento a una exigencia social que el voto popular expresó en las urnas, la reforma al poder judicial. Aquí no hay nada fuera de lugar. Como algunos afirman.

Por otra parte, está el reflexionar sobre la exigencia en sí misma, es decir, el poder judicial se había constituido en un espacio opaco, cerrado; donde pocos realmente tenían exceso a él, por un asunto que ha salido a la luz pública de manera explícita, el elevadísimo costo que tiene el solicitar justicia, cuando debe ser exactamente lo contrario, un derecho efectivo para todo el que lo solicita. Sus instancias, acciones y procedimientos, sólo quien tiene dinero puede acceder a ella. La impartición de justicia en el país se había convertido en un asunto extremadamente oneroso. No es una exageración, ni un despropósito, en consecuencia, había perdido mucho de su función y fundamento.

Otro asunto que se había expuesto de forma reiterada en las mañaneras del presidente López Obrador, el elevadísimo costo que había tenido y tiene sostener a una “burocracia dorada”, como bien se le puede llamar. Con salarios, prestaciones, prebendas, lujos; que millones de ciudadanos en este país, ni en sueños los han tenido ni los tendrán. No son cuestiones fuera de lugar, ni exageraciones, sólo es cuestión de asomarse a esos privilegios que ha gozado esta burocracia durante años. No es como afirmó la diputada Paulina Rubio del PAN en el debate sobre la reforma al decir que: “Todo tiene una causa, la V de venganza del presidente contra un Poder Judicial que no se agachó y que le plantó cara.” Con el absoluto respeto que merece la diputa Rubio, está totalmente equivocada. Si ella no ve la provocación, la insensibilidad, la falta de juicio y criterio por parte de los ministros ante una realidad lacerante, como es ver que México, sigue siendo un país extremadamente desigual. No se dé que está hablando.

Una reflexión más que se puede proponer es lo que afirmó el Partido Trabajo en el mismo debate al decir, “Lo que se pretende es refundar el Poder Judicial.” No están lejos del asunto medular, ya se había dicho en reiteradas ocasiones, que la impartición de justicia en nuestro país era un asunto cada vez más complejo y ladeado hacia los que pueden pagarla, el hecho mismo de impulsar su refundación es un acto de total adhesión y encomio. En varios momentos el presidente López Obrador lo había comentado, separar el poder político del poder económico, aquí se puede decir, y del poder judicial. Muchas de las querellas que se han entablado en nuestros contornos han implicado millones de pesos, con transnacionales, grandes empresarios, corporaciones nacionales y extranjeras con enormes recursos. Todo ello enturbia la impartición de justicia, y si vamos a lo cotidiano, el asunto no está lejano de lo que se ha venido comentando. Sólo se está haciendo mención de los aspectos más generales, de manera recurrente afecta a la población en su conjunto. No se han mencionado los famosos “sabadazos” por parte de jueces y juezas.

Para cerrar esta entrega, la reforma al poder judicial era una demanda, una exigencia ciudadana de primer orden. No sólo de orden administrativo, si no, también de su estructura misma. No debemos engañarnos ni repetir falsos argumentos como los que han levantando los trabajadores del poder judicial, eso si lo vemos con mayor cuidado, es manipulación. Por una razón clarísima, en ninguna parte de la reforma se dice que los derechos laborales de los trabajadores van a ser tocados o afectados. Eso es falso.

*Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.