Emiten recomendación hacia la Usebeq y la Fiscalía de Querétaro

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó deficiencias en la actuación e investigación de personas servidoras públicas de Querétaro, ante un caso relacionado con actos de violencia sexual contra quien en su momento era una estudiante adolescente y en situación de vulnerabilidad.

Iván Aldama Garnica

Querétaro, Qro.- Tras haber detectado omisiones en la atención e investigación de actos de violencia de índole sexual en contra de una estudiante, adolescente perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los titulares de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGQ).

“Esta Comisión Nacional cuenta con los elementos que a continuación se desarrollan, que acreditan que en el caso de QV (Persona Quejosa y Víctima Directa) existió violencia institucional por parte de la USEBEQ y de la FGQ, quienes efectuaron deficientes investigaciones de los acontecimientos de violencia sexual que denunció, omitiendo adoptar medidas para asegurar la protección necesaria para preservar su integridad física, psicológica y social”, se lee en el documento de la recomendación número 241/2022.

Según la CNDH, los actos ocurrieron desde 2017, cuando la víctima tenía 15 años de edad, cursaba el tercer grado de secundaria en un centro escolar en Querétaro y tenía condiciones de vulnerabilidad económica, sociales y familiares.

Pese a la gravedad de los hechos y la existencia de señalamientos de otras alumnas y exalumnas, el organismo defensor de los derechos humanos a nivel nacional señala que tanto al interior de la escuela como en la Usebeq faltó una actuación con debida diligencia y con perspectiva de género para velar y proteger los derechos humanos de la víctima, lo que permitió que la violencia que sufría se prolongara en el tiempo y aumentara.

El Órgano Interno de Control de la Usebeq (institución pública responsable de los asuntos de educación básica en el estado que en ese momento encabezaba Enrique De Echávarri Lary) determinó imponerle una sanción consistente en una “amonestación pública” al docente señalado.

“… la concatenación de omisiones y trato por parte de algunas autoridades de la USEBEQ en la atención de QV (Persona Quejosa) como víctima de violencia, dio como resultado la imposibilidad de que recibiera atención diligente, se investigaran los hechos denunciados de los cuales fue víctima y en su caso se establecieran las sanciones y responsabilidades correspondientes”.

El docente también fue acusado de abusar sexualmente de la estudiante, pero en la Fiscalía de Querétaro, que encabeza Alejandro Echeverría Cornejo, realizaron en dos ocasiones la consulta del no ejercicio de la acción penal “con el argumento de que los actos denunciados no constituían delito”.

El caso se ha prolongado tanto que hasta la fecha no hay todavía una sentencia contra el acusado, lo que ha vulnerado el derecho de acceso a un recurso efectivo, en perjuicio de la agraviada, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“En la Carpeta de Investigación, no existen evidencias de que, en su integración y clasificación del delito investigado, se haya actuado conforme a la perspectiva de género e infancia ante un caso de violencia sexual cometido contra una mujer menor de edad; toda vez que no se valoró cada una de las situaciones y medios probatorios proporcionados por QV (Persona Quejosa y Víctima Directa), por el contrario, se revirtió la carga de la prueba, generando su revictimización”.

Enrique De Echávarri Lary, quien en el momento de los actos señalados fungía como titular de la Usebeq, fue designado en 2021 por el congreso local, con mayoría del PAN, para ocupar otro cargo público hasta 2028, el de auditor superior de fiscalización.

En el caso de la Fiscalía, su titular Alejandro Echeverría Cornejo, fue nombrado en 2016 por otro congreso con mayoría del PAN, por un periodo de 9 años, pese a su relación de socio con los hermanos Granados Torres, que en ese momento eran funcionarios del Poder Ejecutivo de Querétaro.

El cuestionado fiscal presumió apenas en mayo pasado: “Nuestro estado logró por tercer año consecutivo, el primer lugar nacional en justicia penal”.

Pero en este caso particular, a la víctima no se le ha hecho justicia todavía.

Además, el proceder de personas servidoras públicas en el asunto ha propiciado una recomendación en materia de derechos humanos.

La recomendación a la Usebeq, entre otras cosas, consiste en coadyuvar en la reapertura del procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas involucradas, así como colaborar en la inscripción de la persona afectada en el Registro Estatal de Víctimas a fin de reparar integralmente el daño causado.

En tanto, uno de los puntos que contiene la recomendación hacia la Fiscalía de Querétaro es que colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa en contra de las autoridades responsables de esta institución que estuvieron involucradas en el caso.

El documento de la recomendación puede consultarse en este enlace.

En un breve comunicado, la Usebeq, a cargo ahora de Raúl Iturralde Olvera, informó que atenderá la recomendación de la CNDH.

“Como autoridad educativa nuestro interés es la formación, seguridad y bienestar de las niñas, niños y adolescentes. La USEBEQ actuará conforme a la norma y lo que dicta la ley, salvaguardando siempre los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa”, aseguró la Usebeq.