Organizaciones civiles y de derechos humanos condenaron la detención y órdenes de aprehensión contra periodistas y activistas bajo la llamada ‘Ley Serrano’. Advierten que la reforma que castiga el uso de Inteligencia Artificial tiene una redacción ambigua que amenaza la libertad de expresión. La CNDH ya ha llevado el caso ante la Suprema Corte por considerar que debilita las libertades fundamentales.
Diversas organizaciones de periodistas, académicas y defensoras de derechos humanos lanzaron una carta pública al Congreso, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de San Luis Potosí, en la que expresaron su “profunda preocupación” por la reciente detención y órdenes de aprehensión giradas en contra de periodistas, activistas y comunicadores de ese estado.
Estas ocurrieron a partir de la reforma que el Congreso local realizó al Código Penal, relacionadas con los delitos contra la integridad de las personas y la seguridad del estado, por el uso de imágenes, voces e identidades generadas con inteligencia artificial (IA), conocida como ‘Ley Serrano’.
Tal es el caso de la detención de la comunicadora digital Eréndira Reyes Aguillón y de la funcionaria pública Alejandra Hermosillo, así como de las órdenes de aprehensión giradas en contra de al menos ocho personas más, incluida la periodista de diversos medios de comunicación en el estado, Anahí Torres González.
La Fiscalía General del Estado detalló, mediante un boletín de prensa, que Eréndira y Alejandra tenían orden de aprehensión porque presuntamente “habrían empleado sin autorización la representación visual e identidad pública de la víctima para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad, lo que generó una afectación en su imagen, honor y reputación pública e integridad moral”.
La organización ‘Artículo 19’ manifestó que esta reforma “genera una amenaza estructural contra la libertad de expresión”, ya que “su redacción ambigua, amplia e imprecisa incumple con los principios de estricta legalidad y taxatividad que deben regir toda norma penal en un Estado democrático”.
Advirtió que estas “fórmulas vagas e indeterminadas” le permiten la autoridad “perseguir expresiones críticas o materiales de interés público”, y subrayó que “regular tecnologías emergentes no puede servir como pretexto para debilitar libertades fundamentales ni para ampliar facultades punitivas incompatibles con una sociedad democrática”.
El director regional para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, recalcó que legislar sobre esta materia “requiere completa seriedad, exhaustividad, inclusión y la participación amplia de voces que puedan abonar a este tipo de regulación”, por lo cual la Comisión de Derechos Digitales del Senado lleva tres o cuatro años sin ponerse de acuerdo “precisamente por la complejidad del tema”.
Sin embargo, este no fue el caso del Congreso de San Luis Potosí, que aprobó esta reforma, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que circulara un video donde un presunto grupo criminal señala al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su guardia estatal de “pasarse al bando contrario”.
Gallardo acusó que el video, que salió en octubre de 2025, fue manipulado con inteligencia artificial, y apenas un mes después aprobaron esta reforma por la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 132/2025 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente en manos del ministro Giovanni Figueroa Mejía.
Cabe mencionar que el gobierno de Gallardo Cardona ha sido señalado en múltiples ocasiones por periodistas que han sido amenazados y atacados por realizar su labor en aquel estado.
