Héctor Astudillo Flores, que fue gobernador de Guerrero por el PRI y que ahora está en Movimiento Ciudadano, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa.
La agencia de noticias Reuters reporta que a más de 50 políticos mexicanos de Morena y a “docenas de funcionarios” de otros partidos políticos, también les cancelaron sus visas.
Redacción
Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero por el PRI, entre 2015 y 2021, confirmó que el 31 de julio recibió un correo con la notificación de la revocación de su visa estadounidense y que ya entregó el documento a las autoridades consulares como le fue requerido.
Astudillo ha rechazado cualquier relación con el crimen organizado y calificó la filtración del caso como una “guerra sucia” en su contra.
“Se organizó toda una guerra sucia para decir que soy miembro de la delincuencia organizada y todo lo peor que puede haber”, afirmó en entrevistas recientes.
El político niega “categóricamente” las acusaciones y más bien atribuye esta medida a “críticas públicas” que hizo, siendo gobernador de Guerrero, a Donald Trump, por la imposición de aranceles a productos agrícolas mexicanos.
El exgobernador de Guerrero afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no ha recibido explicación oficial sobre el motivo de la revocación y que está “a las órdenes” de quien lo cite para aclarar cualquier situación; también dijo estar en trámite para solicitar la restitución de la visa y que su cita para revisión está programada hasta septiembre de 2026.
Astudillo, que fue priista y que ahora está en Movimiento Ciudadano, no es el único político en esta situación. Según reportes de la agencia de noticias Reuters, más de 50 políticos mexicanos del partido Morena, así como “docenas de funcionarios” de otras fuerzas políticas, han sido afectados por cancelaciones de visa emitidas por Estados Unidos.
Entre los casos más representativos se encuentran Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres Torres, quienes confirmaron que sus visas fueron revocadas y han insistido en que se trata de una decisión administrativa, sin acusaciones formales, y que su conciencia “está clara”.
También se ha reportado que Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, y Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, ambos de Morena, han sufrido revocaciones de visa.
Una fuente del Departamento de Estado citada en los reportes afirma que las visas, incluso de funcionarios públicos, pueden cancelarse en cualquier momento si se considera que la persona incurre en actividades contrarias al interés nacional de EE. UU., esto incluye acusaciones de corrupción, tráfico de drogas, uso indebido de cargos o incluso conductas que violen sanciones relacionadas.
El gobierno mexicano, por su parte, ha manifestado que no cuenta con notificaciones oficiales de todos los casos, lo que ha generado descontento tanto en los afectados como en partidos políticos. La Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores han señalado que la información sobre revocaciones de visa es confidencial, que cada persona es avisada individualmente y que México no siempre tiene conocimiento previo de estos actos.
El uso de la política de visas como instrumento diplomático ha sido enfatizado como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para presionar a México en materia de lucha contra los cárteles, seguridad fronteriza y combate a la corrupción. Exembajadores consultados para los reportes sugieren que esta práctica es más visible ahora que en administraciones anteriores.
Las consecuencias para las relaciones bilaterales, la dinámica política interna y la reputación de los servidores públicos son ya evidentes. Mientras tanto, los afectados reclaman explicaciones claras, mecanismos legales para su defensa y garantías de que esta práctica no se use como herramienta de presión política arbitraria.
