Productores agrícolas de al menos 20 estados de México iniciaron un Paro Nacional Agropecuario con bloqueos carreteros, plantones frente a oficinas gubernamentales y demandas urgentes en torno a precios de garantía, créditos accesibles, exclusión de granos del T-MEC y reactivación de la soberanía alimentaria.
Redacción
Agricultores de al menos 20 estados del país se levantaron en paro nacional, bloqueando carreteras federales, casetas de peaje y oficinas estatales como parte de una movilización del sector agropecuario.
Personas participantes en la manifestación indicaron que buscan visibilizar la creciente crisis en el campo frente a precios bajos, importaciones desleales, falta de apoyos y condiciones financieras adversas.
Las acciones de protesta, iniciadas la mañana del martes 14 de octubre y continuadas el 15 de octubre de 2025, incluyeron cortes de vías con costales en casetas de Zacatecas-Aguascalientes, bloqueos con tractores en autopistas de Tamaulipas y cierres de rutas en Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Colima y Sinaloa, y plantones frente a oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Una de las principales exigencias del movimiento es que los granos básicos —como maíz, frijol, trigo y sorgo— sean excluidos del capítulo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para proteger al productor nacional de la competencia extranjera. También piden un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, frente al precio actual de 5,000 pesos que consideran insuficiente para cubrir los costos de producción.
Además de precios justos, demandan rehabilitar la banca de desarrollo agrícola con créditos accesibles, programas de subsidios tecnológicos y la inclusión del campo como sector estratégico con garantía legal.
Frente a la ola de manifestaciones, la SADER emitió una tarjeta informativa en la que reconoce la problemática del mercado nacional “derivada de una coyuntura internacional con grandes inventarios de diferentes productos, incluyendo el maíz, que ha impulsado caídas en los precios”, e informó que ya ha sostenido más de 60 mesas de trabajo en diversos estados y que mantiene su apertura al diálogo.
Sin embargo, los productores critican que esas mesas aún no han generado compromisos presupuestales ni mecanismos puntuales para detener la caída productiva. En muchas entidades los productores mantenían el paro activo, dispuestos a prolongarlo si no había respuestas concretas.
En Guanajuato, por ejemplo, todavía en la noche del miércoles continuaban bloqueos en tramos federales en Pénjamo, Irapuato, Salamanca y Celaya, donde se denunció que algunos productores han recibido adeudos del programa de precio de garantía del trigo, que han sido ignorados por instancias estatales.
La gobernadora Libia García informó que mantienen diálogo con autoridades federales, al tiempo que pidió una mesa con la secretaria de la SADER para buscar soluciones institucionales.
En el Estado de México los productores exigieron que el maíz sea retirado del T-MEC y denunciaron que hay “autoritarismo” de corte político en los procesos de comercialización y subsidios. En la autopista Toluca-Atlacomulco liberaron casetas y marcharon hacia oficinas del campo.
En Sinaloa, agricultores cerraron casetas en Ahome, Guasave y Navolato para exigir que se detenga la caída de precios y se reactive la banca del campo.
Productores de limón y otros cultivos en Colima protagonizaron este martes movilizaciones y una caravana de más de 80 vehículos —entre tractores y unidades de trabajo— para adherirse al paro. En Tecomán, epicentro de la producción limonera en el estado, campesinos cortaron rutas locales ante la falta de recursos para iniciar el ciclo 2025–2026 y denunciaron la imposibilidad de financiar labores clave como la floración y el control de plagas ante la ausencia de créditos accesibles.
Asimismo, se quejaron de la presencia de violencia y extorsión en regiones limoneras, lo que limita la inversión y la seguridad para trabajar en el campo.
Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) han respaldado las movilizaciones y exigen que se modifique la política agrícola nacional para que el campo recupere independencia, estabilidad y valor agregado.
En diversos puntos del país agricultores han llegado a tirar parte de su producto como protesta simbólica por la imposibilidad de comercializarlo con pérdida.
También se ha reportado un mega bloqueo frente a la SADER en la Ciudad de México y otras dependencias para exigir atención al pliego petitorio nacional.
Mientras tanto, las implicaciones del paro se extienden más allá del campo, pues la cadena logística agrícola, el abasto local y nacional de alimentos, así como el transporte de carga, ya muestran demoras y afectaciones iniciales.
Comerciantes y transportistas han señalado que los bloqueos encarecen tiempos y costos de traslado de mercancías hacia centrales de abasto y exportación; en particular, la paralización en tramos carreteros claves complica la llegada del limón a empaques y al mercado nacional e internacional durante la ventana de cosecha.
Economistas del sector advierten que una solución durable exige no solo transferencias o subsidios episódicos, sino reformas al acceso al crédito rural, fortalecimiento de cadenas productivas, inversión en tecnología y medidas sanitarias que permitan agregar valor; de lo contrario, los ciclos de crisis diferidos volverán a repetirse.
Los productores advierten que la amenaza real es la pérdida de la próxima siembra si no hay un acuerdo, lo que impactaría en la producción 2026 y la seguridad alimentaria regional. Las mesas anunciadas por SADER y las demandas de los comités locales marcarán si el paro se mantiene o si se desactiva con compromisos concretos.
