La sentencia de un tribunal que acreditó la violencia en contra de una representante popular, es exhibida en la pagina oficial del gobierno que encabeza Josué David Guerrero Trápala, sobre hechos atribuidos a personas funcionarias del gobierno anterior.
Iván Aldama Garnica
El gobierno del municipio de Corregidora, que encabeza Josué David Guerrero Trápala, exhibe una sentencia del tribunal electoral local referente a violencia política contra la exregidora del Partido Morena, Domitila Lira Arreola.
Se trata de uno de los juicios que la entonces regidora y su equipo legal emprendieron contra personas servidoras públicas del gobierno de Corregidora –entre ellas el anterior alcalde y hoy diputado federal del PAN, Roberto Sosa Pichardo–, por la falta de entrega de información y la pretensión de hacerle cobros para que obtuviera documentación relacionada con el ejercicio y desempeño de su función como representante popular.
“… queda claro que la Secretaría del Ayuntamiento no debió condicionar a un pago la documentación certificada solicitada, pues con ello se obstaculizó el desempeño de su cargo, y se determinó que se ejerció violencia política en su contra, por lo que, a efecto de enmendar ese daño, debe optarse por alguna consecuencia jurídica al respecto”, se lee en la sentencia del expediente número TEEQ-JLD-55/2024.
Lira Arreola expuso que entre la información que se resistían a darle, que le proporcionaban incompleta o que le entregaban ya cuando los asuntos eran discutidos y aprobados, está la relacionada con cambios de uso de suelo o temas relativos a la gestión del exalcalde de Corregidora y actual gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.
Recordó casos que le parecieron irregulares como las donaciones de áreas verdes o de equipamiento a particulares y en las que posteriormente fueron edificadas tiendas y vinaterías de la cadena “Asturiano”.
También mencionó el caso de un programa de “modernización” de alumbrado público, en tiempos del entonces presidente municipal Kuri González, para el cual, dijo, se adquirieron nuevas luminarias y se reemplazaron las que aún servían, mismas que fueron llevadas a un sitio donde se “extraviaron”.
La exregidora de Morena dijo que la sentencia que difunde el gobierno de Corregidora, el TEEQ-JLD-55/2024, se trata de uno los juicios ganados a la administración municipal: “Todas las sentencias están en ese sentido, de que sí hubo violencia en contra de mi persona”.
No obstante, el tribunal local, conformado por dos mujeres y un varón (la presidenta Norma Jiménez Fuentes, la magistrada María Isabel Barriga Díaz y el magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez), no advirtió que las personas funcionarias como Sosa Pichardo, hayan cometido violencia política en razón de género o por el hecho de que la regidora sea mujer, como sí lo considera la propia Lira Arreola y su equipo jurídico.
Una persona integrante de su equipo explicó que en este caso, el tema de la violencia política en razón de género no tiene que ver tanto con que no le proporcionaran la información a la entonces regidora, sino con que esa conducta limitaba y menoscababa el ejercicio de su función en el ayuntamiento.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice eso: ‘cualquier otra conducta que limite o menoscabe el ejercicio del encargo’ y nosotros, a través de la historia política, social, sabemos que las mujeres han sido mermadas y que no se les ha permitido desarrollarse”.
Además la abogada señaló que hay un contexto de violencia a nivel municipal en el que ocurrieron los hechos, al referirse a estadísticas del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) que sitúan a Corregidora entre los municipios de la entidad con más casos de violencia contra las mujeres.
La exregidora Lira Arreola hizo una reflexión respecto de que la exsecretaria de Gobierno de Querétaro y actual coordinadora del grupo del PAN en el Senado, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, asumiera la frase “es tiempo de las mujeres”, pero al mismo tiempo sus compañeras y compañeros panistas en Corregidora la violentaban.
“Yo creo que hay que ser congruentes, la senadora debe de ser congruente porque pues igual están eximiendo a gente que es de su mismo partido y si es tiempo de mujeres, pues debería también de estar apoyándonos, apoyando a las mujeres, digo, yo ya no estoy ahorita dentro del municipio pero debe ser congruente la senadora, todo lo están haciendo a modo para favorecer obviamente a su partido”.
Lira Arreola dijo haber impugnado las resoluciones del tribunal local, donde observa que hay línea para proteger al exalcalde y actual diputado federal, Roberto Sosa Pichardo, ya que en caso de que se declare la existencia de violencia política en razón de género habría consecuencias para el panista, ya sea que lo “tumben” del cargo que ostenta o bien, que lo inhabiliten para ejercer otro cargo durante cierto tiempo.
Además de Sosa Pichardo, hay otras personas funcionarias que fueron incluidas en sentencias en las que les fue atribuida la comisión de violencia política contra la entonces regidora de Morena, pero ella y su equipo jurídico buscan que se les finque también violencia política en razón de género.
Se trata de dos mujeres y un varón: la entonces secretaria del Ayuntamiento, María Elena Sánchez Trejo; de la secretaria de Finanzas, Yetsi Beltrán Villarreal; y del director de fiscalización, Arturo Terrazas Medina.
Sin embargo, Beltrán Villarreal fue ratificada por el nuevo alcalde de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, como titular de Finanzas.
“Eso es lo que se podría decir, que Chepe (Josué David Guerrero Trápala) no cuidó esa parte y está dejando en su gabinete a servidores públicos que han incurrido en violencia política”.
Para la exregidora y para integrantes de su equipo aún no hay justicia.
“Que se sancione conforme a la normativa, es lo único que pido y obviamente que estas autoridades que están cometiendo ilícitos, una vez sancionadas, no vuelvan a repetir estas violaciones”, finalizó Lira Arreola.
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