Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados recibieron contratos por más de 82 millones de pesos, por parte de Pemex, para lo cual pagaron sobornos equivalentes a los 150 mil dólares.
Redacción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que dos empresarios mexicanos, residentes legales en Texas, fueron formalmente acusados por presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), con el objetivo de asegurar contratos por al menos 2.5 millones de dólares.
El fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, sostiene que los sobornos fueron diseñados para manipular el acceso a contratos estratégicos de Pemex y enfatizó que la acusación demuestra la intención del Departamento de Justicia de “no tolerar la corrupción que distorsiona procesos de licitación y perjudica la competencia leal”.
Las acusaciones, investigadas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), implican pagos irregulares entre 2019 y 2021 equivalentes a 150,000 dólares en dinero en efectivo y artículos de lujo que incluyeron productos de Louis Vuitton y Hublot.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, uno de los acusados, ya fue detenido; y que el otro, Mario Alberto Ávila Lizárraga, permanece fugitivo.
Aunque Pemex no ha emitido un pronunciamiento oficial, medios especializados destacan que estas acusaciones se producen en medio de una crisis financiera histórica en la petrolera estatal, golpeada por deuda creciente y baja producción. Este contexto intensifica la presión sobre Pemex para mejorar su transparencia y mecanismos anticorrupción.
A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le preguntaron del asunto en su conferencia mañanera del martes 12 de agosto.
La mandataria respondió que la Fiscalía General de la República tiene que hace la investigación, pero también comentó que uno de los implicados, el que está prófugo, es militante del PAN.
“Es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado, en su momento, también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos”.
El caso también tiene resonancia internacional ante recientes acciones, como la desinversión de más de 138 millones de dólares del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, motivada por sospechas recurrentes de corrupción en Pemex, entre ellas el escándalo de Odebrecht.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) (Foreign Corrupt Practices Act) es una ley federal de los Estados Unidos que permite sancionar a personas físicas o corporativas que, dentro del territorio estadounidense, proporcionen sobornos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales.
Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, originario de Tabasco, ha sido identificado como propietario de Tubular Technology, Roma Energy y Energy On Shore, empresas vinculadas a obras de infraestructura y actividades petroleras que han recibido contratos por más de 82 millones de pesos por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2018 y 2021.
Mario Alberto Ávila Lizárraga fue colaborador cercano a Juan Camilo Mouriño (secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, que falleció en un accidente aéreo en 2008), exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche y exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de PEP entre 2010 y 2012. En 2015, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó durante 10 años tras detectar anomalías en la firma de 12 contratos con Oceanografía y el uso de aeronaves oficiales para fines personales.
Ambas figuras enfrentan cargos por conspiración y múltiples violaciones sustantivas de la FCPA, lo que podría derivar en penas de hasta cinco años de prisión por cada delito.
El caso, según fue informado por la autoridad estadounidense, es llevado por el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y otras instancias del Departamento de Justicia.
La acusación coincide con críticas de que hay corrupción en Pemex, desde hace décadas, y con señalamientos de que es urgente reformas institucionales para sanear los procesos de contratación estatal.
