El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una acusación formal contra el mandatario Rubén Rocha Moya, exmiembros de su gabinete, así como contra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; entre otros.
Se les señala de colaborar con “Los Chapitos” a cambio de sobornos y protección. Mientras EE. UU. busca la extradición, la Cancillería mexicana cuestiona la falta de pruebas y prepara un reclamo diplomático por la filtración de la información.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, mediante un comunicado publicado el 29 de abril, que la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) presentaron una acusación formal contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y políticos de ese estado, actuales y anteriores, por “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Según las acusaciones, Rocha Moya fue electo gobernador de Sinaloa desde 2021 con ayuda de ‘los Chapitos’, quienes, entre otras cosas, secuestraron e intimidaron a sus rivales. A cambio, éste permitió que “operaran con impunidad” y los ha protegido para que distribuyan grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
Entre los acusados de ayudar “directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos” están el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Rocha Moya; Enrique Díaz Vega, que anunció su renuncia como secretario de Finanzas del gobierno en julio de 2024; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En el comunicado también mencionan al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien supuestamente “ha recibido aproximadamente 11,000 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos” a cambio de protección e información sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos.
Además, se presentaron cargos contra el exfuncionario de seguridad, Marco Antonio Almanza Avilés; el exjefe de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’.
Asimismo, señalan al excomandante de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, acusado de recibir más 1,600 dólares mensuales por otorgar al grupo criminal “acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán” utilizando a agentes de la fuerza policial “para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos”.
“Alrededor de octubre de 2023, Millán presuntamente ayudó a ‘los Chapitos’ a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación”.
Esta acusación forma parte de una serie de acusaciones formales que la Fiscalía estadounidense ha presentado desde 2023, en las que se imputa a más de 30 miembros y asociados de dicho cártel.
“Ataque” y “calumnia”, dice gobernador
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra, al señalar que “carecen de veracidad y fundamento”.
Dijo que, con valor y dignidad, demostrará “la falta de sustento de esta calumnia”.
“Así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
Rocha Moya consideró esta acusación como un “ataque”, pero no contra él solamente, sino hacia el movimiento de la “Cuarta Transformación”, a sus “emblemáticos liderazgos” “y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.
El alcalde de Culiacán también rechazó las acusaciones.
Reacción del embajador de Estados Unidos
El embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson publicó una declaración en sus cuentas de redes sociales en la que señaló que “toma nota de la presentación de cargos penales” por parte de la Fiscalía y aseguró que “combatir la corrupción y la actividad criminal trasnacional es prioridad compartida para los Estados Unidos y México”.
“Los Estados Unidos continuarán en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y prosperidad de nuestros pueblos. Mantenemos nuestro compromiso con la relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de Derecho”, expresó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que ayer, 28 de abril a las 18 horas “recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos”, mismas que serán evaluadas por la Fiscalía General de la República (FGR) conforme a la legislación mexicana.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
La SRE afirmó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos “por la forma en que se dio a conocer” la noticia, pues “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.
Cabe recordar que en julio y diciembre de 2025, respectivamente, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, dos de ‘los Chapitos’, hijos de Joaquín Guzmán Loera –que está cumpliendo una cadena perpetua en Estados Unidos–, se declararon culpables en ese país de narcotráfico.
Esta acción del gobierno de Estados Unidos también ocurre días después del escándalo conocido como “CIA Gate” en México, del que se supo luego de la muerte de dos elementos de esa agencia en el estado de Chihuahua, donde gobierna el Partido Acción Nacional y que ha derivado en la renuncia del fiscal y en señalamientos de traición a la patria contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
