- La postura de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contrasta con la de otros expresidentes del mismo organismo local, incluido de uno que actualmente es Consejero del organismo nacional.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- Los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacional como local, descartaron ejercer sus facultades para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula la prestación de los servicios de agua, llamada también “#LeyConcesiones”.
Ciudadanos, especialistas y organizaciones defensoras del agua y del territorio solicitaron a tales organismos promover una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, que fue discutida y aprobada sin un parlamento abierto por el Congreso de Querétaro, con mayoría del PAN, y publicada por el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, impulsado por ese partido político.
“Existen implicaciones concretas de la implementación de la recién aprobada ley que resultan directamente violatorias del derecho humano al agua. También disposiciones que configuran efectos regresivos del ordenamiento y disposiciones que podrían alentar prácticas especulativas que están comprometiendo los derechos en el Estado”, expusieron en los oficios que entregaron a la CNDH y en la Defensoría de Querétaro.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya presidenta es María del Rosario Piedra Ibarra, afirmó en su pronunciamiento número DGDDH/038/2022, difundido recientemente, que la posibilidad de concesionar el servicio de agua potable no contraviene algún mandato de rango constitucional y convencional.
“… lo que se concesiona al sector privado o social en Querétaro no es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, sino el servicio de agua potable. Ello significa que, conforme al texto constitucional, la Ley queretana es respetuosa de ese marco, ya que la concesión no implica ni puede implicar la privatización de un bien o servicio”, señalan en su pronunciamiento que rubrican con la frase “¡Defendemos al Pueblo!”.
En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos, donde el titular es Javier Rascado Pérez, concluyó:
“… no se advirtió ninguna contradicción entre los preceptos de la Ley Estatal y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) no se detectó una violación a los Derechos Humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales”.
No obstante, para el exombudsman de Querétaro, Bernardo Romero Vázquez, la ley queretana sobre la regulación de los servicios de agua, sí viola los derechos humanos.
“Una buena lectura hace pensar lo contrario y todo se encamina a que sí, que sí viola los derechos humanos”.
“Negarse a demandar en Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley que autoriza la privatización del servicio de agua potable es una muestra clara de una institución ‘a modo’”, expresó por su lado, Miguel Nava Alvarado, quien también fue titular del organismo defensor de los derechos humanos en Querétaro.
En su pronunciamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró estar revisando “argumentos y fundamentos, hasta el último momento de la fecha límite para la presentación del recurso”.
Pero Bernardo Romero Vázquez, quien es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión y una de las personas que solicitó la acción de inconstitucionalidad, comentó que la presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, no lo recibió ni tuvo capacidad para escuchar, así como que funcionarios de la institución se mostraron evasivos.
“Solicitamos cita con la presidenta, nunca nos recibió, la presidenta de la Comisión Nacional; nos recibió después de mucho esperar, la directora jurídica; el secretario técnico lo agarramos así de la puerta porque no nos quería recibir y el trato fue indigno. Ayer en la reunión del Consejo, también fue indigna la manera cómo nos trataron a las y los consejeros que apoyábamos la postura de que la Comisión Nacional interpusiera el recurso”.
La CNDH afirmó haber revisado “cuidadosamente las propuestas de grupos y organizaciones en pro y contra”, así como que “escuchó la opinión de quienes solicitaron audiencia para manifestar sus postura particulares y, desde luego, se entabló comunicación con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro”.
Sin embargo, Romero Vázquez dijo que personal de la CNDH también estableció comunicación con autoridades de Querétaro.
“No nada más lo platicaron con la Defensoría, lo platicaron con autoridades y sabe Dios con quién más lo hayan platicado”.
La Legislatura de Querétaro, conformado en su mayoría por legisladores del PAN, también pudo haber promovido la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, las 8 firmas de legisladores requeridas no fueron recabadas.
Especialistas que defienden el agua exhibieron a 3 legisladores (2 del PRI y 1 del Partido Verde Ecologista de México) por no dar sus firmas para sumarse a las de sus 6 compañeras y compañeros de Morena y del PRI.
Se trata de dos legisladores del PRI, Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, los mismos que se abstuvieron de votar la ley, así como del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez, quien faltó a la sesión en la que se sabía que dicha ley se discutiría y votaría.
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