Teresa E. Hernández-Bolaños
La reciente publicación, el pasado lunes 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, ha generado un verdadero escándalo en ciertos sectores.
En principio, con el objetivo de rechazarlo, se le ha venido llamando decreto, y no acuerdo, y es que aclarar los términos es importante para conocer la magnitud del planteamiento del ejecutivo y los comentarios en torno a él. Mientras que el decreto es un tipo de norma jurídica, emitida unilateralmente, que se debe a la necesidad imperiosa de regular una situación determinada con urgencia, es obligatorio su cumplimiento, puede modificarse y es emitido por el gobierno (ejecutivo), y para que un decreto se convierta en ley debe pasar por el Congreso. Por su parte, el acuerdo, es una decisión tomada en común, por dos o más personas o instancias, por una junta, asamblea o tribunal, también se le denomina pacto, tratado o resolución de organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas. Es, en síntesis, una convergencia de voluntades con la finalidad de producir efectos jurídicos.
Por lo que, el acuerdo, y no decreto, en torno a declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociadas a varios sectores, comunicación, telecomunicaciones, hidráulico, hídrico, medio ambiente, puertos, aeropuertos, turismo, salud, etc., para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen autorizaciones provisionales a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y obras y garantizar su ejecución; finalmente, tiene como objetivo que las obras puedan arrancar, se ejecuten, y evitar que se generen amparos para detener las obras, o procesos largos en la autorización que detengan las obras, en lo que se otorgan las autorizaciones definitivas.
Este acuerdo, por su puesto, está vinculado con las actuales obras y proyectos del gobierno de AMLO, el “blindaje” que este acuerdo otorga a todas las obras y proyectos, impacta también a las obras actuales. Y quizá por esa misma razón las críticas y rechazo al acuerdo no han dejado de aparecer. La oposición, en voz de la senadora Lilly Téllez, dijo que el acuerdo es un intento de ocultar en qué gasta el dinero el gobierno, incluso impulsó una protesta en contra del acuerdo, pidiendo a los ciudadanos “un día sin pagar impuestos”, como forma de resistencia civil contra el gobierno. Aunque no quede claro la relación entre la trasparencia en la aplicación de los recursos y otorgar una autorización provisional para la ejecución de una obra.
Por su parte, la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica), señaló que este acuerdo implica posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia, ya que otorga un trato preferencial a los proyectos impulsados por el Gobierno Federal, generando un trato asimétrico y preferente entre proyectos públicos y privados. Para evitar esta inequidad, según la COFECE, en lugar de este acuerdo se debe únicamente “privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligros, riesgos o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable” habrá que preguntarse si las obras públicas deben tratarse de la misma forma que las privadas. En fin, ¿Ud. qué opina?
Debe estar conectado para enviar un comentario.