- El mandatario estatal, Mauricio Kuri, aseguró que su gobierno no tiene “intención en dar ninguna concesión”, pero la ley que él mismo publicó, tras un proceso cuestionado, abre la posibilidad a más actores para poder obtener concesiones y por nuevas vías, señala especialista.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- La “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, abre la puerta a nuevas formas y modalidades de concesión, advirtió la especialista Claudia Romero Herrera.
Dicha ley generó controversia no solo por su contenido (no aborda el tema del agua de manera integral, tiene un apartado sobre concesiones), sino también porque fue aprobada con celeridad y sin un parlamento abierto –como exigían especialistas, personas de la academia y de la sociedad civil–, por el congreso de Querétaro, con mayoría del PAN.
Horas después de haber sido aprobada e ignorando las voces de personas que le pedían vetarla, el gobernador Mauricio Kuri González publicó la ley.
El mandatario estatal admitió que la ley busca regularizar las concesiones que fueron otorgadas en gobiernos anteriores (estatales y municipales), pero aseguró que no otorgarían más:
“No tenemos intención por parte del gobierno del estado en dar ninguna concesión”, sostuvo Kuri González en medio de la controversia generada por la ley.
Sin embargo, Claudia Romero Herrera advierte que la llamada “Ley Concesiones” abre la posibilidad a más actores para poder obtener una concesión y por otras vías.
“Si ya no pretendes dar más concesiones, ¿por qué tu ley formula otras modalidades posibles?”, cuestionó la especialista.
El Colectivo Bajo Tierra Museo del Agua ha detectado al menos 22 concesiones otorgadas en Querétaro a personas morales, es decir operadoras privadas.
Pero la llamada “Ley Concesiones” en su artículo 127 contempla la participación, “en forma total o parcial”, de integrantes de los sectores social y privado en la prestación de servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, incluyendo recirculación y reutilización, bajo instrumentos jurídicos como concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios, contrato de Asociación Público-Privada y “cualquier otro que se derive de la normativa aplicable”.
El artículo 129 establece además que la prestación de tales servicios puede realizarlo cualquier persona física o moral, de derecho privado, que cumpla con los requisitos de la ley.
De manera adicional, las 22 concesiones, detectadas por el colectivo, fueron otorgadas por gobiernos anteriores estatales y municipales de Querétaro por licitación y adjudicación, señaló Romero Herrera.
No obstante, el artículo 131 de la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, añade la figura de “invitación”, mientras que el artículo 142 contempla que las concesiones podrán prorrogarse mediante solicitud.
“Esta ley abre un nuevo campo de ambigüedad, regulariza lo que ya estaba y además expande esas posibilidades”, consideró la también integrante del colectivo Bajo Tierra Museo del Agua.
En suma, la nueva ley, lejos de atacar problemáticas relacionadas con la gestión del agua en Querétaro (estrés hídrico, desigualdad, conflictos sociales, cambio climático), intensifica un modelo que favorece el acaparamiento, el lucro y monopolios, entre otros, apuntó la también vocera del “Festival Agua que Corre”, Claudia Romero Herrera.
El integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Bernardo Romero Vázquez, señaló que la ley no garantiza el derecho humano al agua y considera al agua como una mercancía.
Expuso que el nuevo ordenamiento, ya vigente, al favorecer las concesiones instala una nueva lógica en la prestación del servicio de agua potable en Querétaro, el del lucro por encima de la necesidad social y modifica la relación entre quien otorga y quien recibe el servicio.
“La relación entre el particular y el concesionario es del derecho privado, se rige por otras normas, es decir, por todos lados la concesión traiciona el sentido fundamental que tiene el agua como bien público y el servicio de agua potable, alcantarillado, etcétera, como un servicio público, se trastoca y se traiciona”.
Quien fue titular del organismo defensor de los derechos humanos en Querétaro advierte además que la Ley Concesiones carece de las suficientes previsiones para proteger al usuario y someter al concesionario.
Romero Vázquez cuestionó que en los análisis que hicieron tanto la Comisión Nacional como la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro sobre la Ley, hayan argumentado que el estado puede concesionar los servicios, siendo que la Constitución faculta a los municipios para ello.
“¿El estado?, ¿de dónde sacaron al estado? y eso lo que dicen, es obviamente incorrecto, ¿no?, no puede haber nada en la Constitución que no esté en las premisas y se sacan de la manga al estado, dice ‘el municipio’ (la Constitución), ¿no?, entonces ¿por qué meten al estado?, para legitimar que el gobernador le regale las concesiones a los cuates, ese es el tema, básicamente”, expresó.
Dichas instituciones, la CNDH y la Defensoría de Querétaro, no hicieron uso de sus facultades y descartaron promover la acción de inconstitucionalidad, como les fue solicitado, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrara al análisis y determinara si la ley queretana era inconstitucional o no.
La “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, entró en vigor el pasado 01 de julio.
En tanto, la “Red en Defensa del Agua y la Vida” (Redavi) prepara una nueva movilización para el 29 de julio.
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