El gobernador de Nuevo León, Samuel García, responde al juicio político en su contra por triangulación de recursos públicos. En su informe al Congreso, argumenta que los pagos a su despacho familiar no se hacen con dinero público pues ya provienen de empresas privadas.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, alegó en su defensa ―en el juicio político iniciado en su contra por el Congreso local― que los más de 200 millones de pesos que su empresa familiar Firma Jurídica y Fiscal recibió tan solo en los últimos dos años por concepto de honorarios no es dinero público pues provienen de empresas privadas proveedoras de su gobierno.
“Una vez que el Estado paga a un proveedor privado por bienes o servicios efectivamente recibidos, esos recursos pierden su carácter público y se convierten en patrimonio privado del proveedor, quien adquiere la propiedad plena de esos recursos y puede disponer de ellos libremente, incluyendo pagar honorarios a sus abogados o consultores que contraten”, se lee en la página 141 de su contestación, de la cual Proceso tiene una copia.
El documento de contestación del gobernador neoleonés consta de 248 páginas y fue entregado en la Oficialía de Partes del Congreso por el equipo legal del gobierno el 23 de junio, luego de que la Comisión Anticorrupción lo citara a comparecer para aclarar las acusaciones en su contra por presunto peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, entre otros.
De acuerdo con las denuncias e indagatorias, el mandatario emecista utilizó un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar directamente al despacho legal de su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y de su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal, a través de empresas que recibieron contratos millonarios de su gobierno.
García Sepúlveda no se presentó ante el Congreso, pero envío un “informe bajo protesta y ad cautelam”, en el que sostuvo que el órgano legislativo local excede sus atribuciones constitucionales, por lo que no tiene competencia para conocer el caso, y solicitó se le designe un defensor de oficio.
Calificó la denuncia como “infundada y temeraria” y negó que exista un esquema de triangulación, puesto que este “implica un desvío de recursos antes de que lleguen a su destino final, ocultando su origen o destino, lo que no sucede en la narración que hace la denunciante”.
Además, insistió en que “en el momento en que los recursos van a los despachos, ya no son ‘dinero público’. En todo caso, son recursos de proveedores privados que, en el ejercicio de su libertad, pueden disponer de su patrimonio como les plazca, incluida la contratación de servicios legales”.
La solicitud de juicio político contra el titular del ejecutivo neoleonense fue presentada por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer Cruz, el 8 de junio, y aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Anticorrupción.
Esta Comisión continúa con la investigación, para lo cual ha solicitado informes a más de 60 dependencias estatales y a 12 empresas identificadas como proveedoras, para que expliquen su relación económica y legal con despachos vinculados al gobernador y su familia.
