La Suprema Corte de Estados Unidos ha emitido un fallo histórico: con seis votos a favor ratificó la validez de la Enmienda 14, garantizando el derecho a la ciudadanía por nacimiento y frenando la orden ejecutiva que buscaba restringirla.
La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohibía que los hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes extranjeros adquieran la ciudadanía por nacimiento.
Este martes 30 de junio, el Máximo Tribunal de EE. UU. ratificó, con seis votos a favor y tres en contra, la Enmienda 14 de la Constitución que garantiza el derecho de las personas nacidas en territorio estadounidense a ser ciudadanas.
La Corte consideró que eliminar el derecho a la ciudadanía era eliminar todos los derechos que permiten a las personas participar libremente en una comunidad.
El presidente, John G. Roberts Jr., así como los tres jueces liberales de la Suprema Corte y los conservadores Amy Coney Barrett y Brett M. Kavanaugh votaron a favor de preservar la ciudadanía como un derecho de nacimiento.
En cambio, los juzgadores conservadores Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. y Neil M. Gorsuch se pronunciaron en contra, a pesar de que estos últimos no estuvieron presentes cuando el tribunal emitió su dictamen final del periodo de sesiones.
Gorsuch alegó que la Decimocuarta Enmienda tenía por objeto consagrar la ciudadanía de las personas que habían sido esclavas y sus descendientes, ya que estos “no tenían otra patria, no debían lealtad a ninguna potencia extranjera y no estaban sujetos a ninguna otra autoridad”.
Argumentó que este criterio no aplica para los hijos de visitantes extranjeras temporales, a las que llamó “turistas de parto”, “mujeres que vienen aquí con el único propósito de dar a luz a su hijo y luego regresan rápidamente a casa”, puesto que están “vinculados a su país de origen” y no tienen “lazos similares con este país”.
Esta Enmienda data de la década de 1860 y señala que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Esta garantía surgió en 1857, a raíz de una sentencia de la Corte Suprema, en el caso Dred Scott contra Sandford, en la que prohibieron que todo habitante de ascendencia africana pudiera ser ciudadano estadounidense, lo que fue un factor importante para acelerar la guerra civil de 1861.
Luego, en 1898 este derecho fue confirmado por el Alto Tribunal en la histórica sentencia del caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco, hijos de padres de nacionalidad china.
Trump llevaba más de una década promoviendo esta medida, asistiendo incluso a parte de los alegatos que se desarrollaron en abril, siendo el primer presidente en funciones que asiste a este procedimiento.
Desde el primer día de su segundo mandato, Trump anunció la orden ejecutiva que llamó ‘Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, con el objetivo de evitar que hijos de inmigrantes ilegales o de personas que se encontraran en el país con visados de estudiantes, de trabajo o de turista pudieran adquirir la ciudadanía automáticamente.
La orden nunca entró en vigor debido a que diversas organizaciones de derechos civiles promovieron impugnaciones para bloquearla, pese a que solo aplicaría para quienes nacieran luego de su entrada en vigor y no afectaría a millones de estadounidenses que habían adquirido su identidad nacional bajo ese supuesto.
Tras el fallo, Trump calificó la decisión como “muy mala para nuestro país” y afirmó que podría “compensarlo fácilmente en el Congreso mediante Legislación”, por lo que no hacía falta ninguna “Enmienda Constitucional larga y engorrosa”, por lo que instó al Congreso a “trabajar para acabar con la ciudadanía por nacimiento, que es cara e injusta para nuestro país”.
