Después de una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, frente a las costas venezolanas, y el reconocimiento de operaciones encubiertas autorizadas por la Casa Blanca, las tensiones entre ambos países se han elevado.
Redacción
El choque entre Estados Unidos y Venezuela comenzó a intensificarse públicamente en septiembre pasado, cuando la administración estadounidense confirmó ataques a botes frente a costas venezolanas.
Según la Casa Blanca, las embarcaciones transportaban “droga” y estaban vinculadas a “organizaciones criminales”.
El primer caso ampliamente difundido fue una agresión con misiles en el Caribe que dejó a 11 personas muertas, y desde entonces se han reportado varios lanzamientos más con un saldo de decenas de víctimas. El gobierno de Washington ha defendido estas acciones como parte de su “guerra contra los cárteles”.
La escala del operativo estadounidense cambió de matiz cuando el presidente Donald J. Trump declaró que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela; esa admisión avivó las críticas por eludir controles y por el riesgo de acciones terrestres que implicarían aún mayor confrontación entre estados.
El gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro Moros, calificó las acciones como agresiones ilegales, negó los vínculos entre el Estado venezolano y los botes atacados y acusó a Estados Unidos de preparar una operación de cambio de régimen. La narrativa oficial venezolana ha buscado internacionalizar el caso y movilizar apoyos políticos.
En el Consejo de Seguridad de la ONU varios miembros, incluida Rusia, condenaron las acciones unilaterales y pidieron contención, mientras que representantes como el de EE. UU. defendieron la necesidad de actuar contra lo que califican “narco-terrorismo”. Estados no alineados y países de la región demandaron investigaciones y apego al derecho internacional.
Expertos del sistema de Naciones Unidas han advertido que algunos golpes en aguas internacionales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si no hay procesos legales ni pruebas públicas que acrediten la amenaza inmediata, por lo que organismos de derechos humanos han exigido investigación independiente, aumentando así la presión diplomática sobre Washington.
En 2025, el gobierno de Maduro firmó acuerdos estratégicos con Rusia y reforzó nexos con China, mientras buscaba respaldo político en foros multilaterales y en bloques emergentes. Rusia y China han brindado apoyo diplomático y económico.
Rusia firmó en mayo de 2025 un pacto de “asociación estratégica” con Venezuela, que ha facilitado venta de petróleo, cooperación militar y respaldo político.
El gobierno de Rusia, además, se ha pronunciado en la ONU y en comunicados públicos en defensa de Venezuela y ha acusado a Estados Unidos de violar normas internacionales al realizar ataques sin coordinación y sin presentar pruebas públicas claras.
China, por su parte, ha reiterado su histórico respaldo a Venezuela y ha señalado la necesidad de diálogo y respeto a la soberanía; ambos actores han aprovechado el episodio para proyectar influencia geopolítica en la región.
La intervención diplomática de esos aliados tiene como efecto acuerdos de inversión y el apoyo a la aspiración venezolana de integrarse al BRICS (alianza de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países), maniobra que amplía el resguardo multilateral del régimen de Maduro y dificulta el aislamiento internacional que busca Washington. Analistas advierten que ese refuerzo económico y político reduce el espacio de maniobra de sanciones estrictas y complica respuestas unilaterales.
En Washington, legisladores y juristas han abierto un debate tenso sobre los límites legales de la acción ejecutiva en el extranjero: la justificación de “autodefensa” frente al narcotráfico choca con las normas de la ley internacional y con la exigencia de supervisión del Congreso sobre operaciones encubiertas, por lo que también hay llamados bipartidistas a aportar pruebas y a someter a revisión las órdenes que autorizan acciones letales fuera de combate convencional.
Para la región latinoamericana, la crisis pone sobre la mesa la fragilidad de la gobernanza y el riesgo de que una estrategia militar contra redes criminales derive en enfrentamiento entre potencias. Países vecinos han pedido evitar la militarización del Caribe y han abogado por soluciones multilaterales centradas en cooperación judicial y antinarcóticos con transparencia.
Según expertos, el escenario futuro tiene tres líneas posibles: una desescalada si EE. UU. presenta evidencia pública y coordina acciones con países de la región; una ampliación de la confrontación si siguen los ataques y la respuesta venezolana se endurece; o una internacionalización del conflicto con mayor protagonismo de Rusia y China, que optarían por medidas diplomáticas y económicas para proteger a Venezuela, todo lo cual conlleva riesgos políticos y humanitarios.
