La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024 y reportó que entre los rubros más afectados figuran salud, infraestructura y recursos federalizados para programas sociales.
Redacción
La ASF presentó la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2024, que incluye cientos de auditorías.
El auditor David Colmenares Páramo habló de entregas por varios paquetes que, sumados, arrojan montos por 6,969 millones de pesos.
En términos de distribución, la ASF detalló que la mayor parte de las inconsistencias detectadas corresponden a estados y municipios, principalmente de Veracruz, Hidalgo, Chiapas y de Durango, que concentran más del 80 % del monto total de observaciones en esta segunda entrega; entre los rubros más afectados figuran salud, infraestructura y recursos federalizados para programas sociales.
La propia ASF —en su portal y boletines de prensa— indica que la revisión abarcó 2,199 auditorías en la Cuenta Pública 2024 bajo un nuevo modelo que busca integrar los recursos federales ejercidos por cada entidad, con especial énfasis en la fiscalización de municipios y alcaldías. Ese modelo pretende cerrar vacíos de cobertura y evitar que faltas de información oculten patrones de gasto indebido.
Autoridades de la ASF informaron además que, de los montos observados en la segunda entrega, una parte ya ha sido recuperada —según reportes periodísticos alrededor de 1,146 millones de pesos—, mientras que el resto permanece pendiente de aclaración, trámite administrativo o posibles acciones de recuperación judicial.
David Colmenares ha subrayado en ruedas de prensa que las irregularidades no son homogéneas: muchas responden a faltas de documentación (facturas, comprobantes de entrega), pagos sin soporte técnico, y en casos puntuales pagos por obras no ejecutadas o sobreprecios.
El auditor también aclaró que una observación de la ASF no equivale de inmediato a delito probatorio; aunque se han iniciado procesos de fiscalización que pueden derivar en responsabilidades administrativas o penales, según lo que se acredite.
Los órganos de control locales, así como gobernadores y alcaldes señalados están obligados a solventar los pliegos de observaciones, y la Cámara de Diputados puede convocar a comparecencias o remitir expedientes a instancias penales si se advierten indicios de responsabilidad.
En el desglose por sectores, salud concentra un peso importante de las observaciones federales —por ejemplo, faltas en la comprobación de entrega de medicamentos o gastos en infraestructura hospitalaria—, mientras que educación e infraestructura local también suman partidas observadas por montos relevantes.
En comparación, la Cuenta Pública 2018 —último año del sexenio de Enrique Peña Nieto— registró montos históricos de irregularidades (cifras que alcanzaron cientos de miles de millones en agregados y que dejaron saldos pendientes por aclarar muy superiores), lo que muestra que los hallazgos auditados al final de cada administración han sido tradicionalmente altos y que la fiscalización suele intensificarse en esos cierres.
Expertos en rendición de cuentas consultados por la prensa recuerdan que comparar cifras entre sexenios exige cautela, pues las metodologías, alcance de auditorías y periodos fiscales auditados cambian (la ASF ha renovado su modelo de fiscalización en años recientes), por lo que montos absolutos no siempre reflejan mayor o menor corrupción sino también diferencias en cobertura y criterios técnicos.
Legisladores de oposición usaron los números para pedir explicaciones y eventuales sanciones; por su parte, voces del oficialismo insistieron en que el monto observado representa una parte de recursos federalizados administrados por entidades locales y que muchas observaciones obedecen a deficiencias administrativas más que a conductas dolosas, por lo que debe respetarse el debido proceso.
La Auditoría Superior de la Federación también advirtió sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de contabilidad y control en estados y municipios para reducir la recurrencia de observaciones por faltas de documentación.
En paralelo, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados (ASF), anunció herramientas tecnológicas y el uso de análisis de datos para seguir la trazabilidad de fondos y detectar patrones atípicos con mayor rapidez.
