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Retiran la medida de prisión preventiva al abogado Juan Collado

Al abogado de Carlos Salinas de Gortari le otorgan la posibilidad de salir en libertad.
El expresidente del Consejo de Caja Libertad, acusado de defraudación fiscal, delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, podrá enfrentar su proceso en libertad.
Al recordar que Collado “era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos”, el mandatario Andrés Manuel López Obrador consideró que la determinación de dejarlo en libertad se debe a una protección en el poder judicial.
Retiran la medida de prisión preventiva contra el abogado y ex presidente del Consejo de Caja Libertad.
En febrero de 2017, el entonces presidente de Caja Libertad recibió al panista Francisco Domínguez Servién, que era gobernador de Querétaro, para una sesión ordinaria del consejo de administración de esa institución financiera. Foto: Poder Ejecutivo de Querétaro.

Iván Aldama Garnica

A Juan Ramón Collado Mocelo, identificado como abogado del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y acusado de defraudación fiscal, delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, le otorgaron la posibilidad de salir de prisión.

El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el abogado y ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que posiblemente el razonamiento para dejar en libertad a Collado fue su influencia y a que tiene protección en el poder judicial:

“Es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos”, dijo en su conferencia matutina de prensa.

Cuando le preguntaron acerca de la determinación de dejar en libertad al abogado, el mandatario mexicano recordó el episodio de los “video escándalos”, cuando exhibieron a René Bejarano Martínez recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, este último que fue defendido por el abogado Collado.

Bejarano Martínez era entonces coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e identificado como “operador” de López Obrador, que en aquellos años era jefe de gobierno en la capital del país.

“Eso no quiere decir que sea malvado, es explicar nada más el contexto, porque no hay texto sin contexto, entonces estamos hablando de un abogado muy influyente en aquellos tiempos, no podría decir si sigue siendo igual de influyente, ahora es distinto, solo los protegen en el poder judicial, ahí está la protección de los que estuvieron con García Luna, todos, todos, todos van para allá, por eso hay que reformar al poder judicial, que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que sea el pueblo el que los elija, para que el poder judicial no esté al servicio de una minoría, sino esté al servicio del pueblo”, expresó López Obrador.

La decisión ya había sido cuestionada por el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Luis Rodríguez Bucio, quien exhibió a Gustavo Aquiles Villaseñor en la sección “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes” de la conferencia matutina presidencial.

El 19 de septiembre, el subsecretario indicó que el juez federal aún cuando había reconocido el riesgo de sustracción del imputado, Juan “N”, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

“El cinco de septiembre, el juez Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan ‘N’, abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal, aun cuando el juez reconoció el riesgo de sustracción del imputado”.

En medios de comunicación reportan que el juzgador tomó la decisión al considerar el estado de salud del abogado y otros criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la prisión preventiva oficiosa.

Incluso difundieron que en la audiencia en la que fue revisada la medida cautelar contra el abogado, la Fiscalía General de la República no se opuso a que saliera de la cárcel y continuara enfrentando su proceso en libertad.

Todavía el martes 19 de septiembre el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal reportó que el abogado continuaba interno en el “Reclusorio Preventivo Varonil Norte”.

El abogado según se ha informado, tendrá que utilizar un brazalete electrónico y no podrá salir del país.

A Juan Ramón Collado Mocelo, además de relacionarlo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos, lo vinculan con Enrique Peña Nieto, expresidente de México emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y con el empresario Javier Rodríguez Borgio, señalado de ser amigo del gobernador Mauricio Kuri González.

El exalcalde José Alejandro Ochoa Valencia, que gobernó el municipio de Colón de 2015 a 2020, impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN), habló de la relación entre Rodríguez Borgio y los hermanos Mauricio y José Yamil Kuri González, lo cual fue difundido por la revista Proceso en un reportaje contenido en su número 2310, una edición impresa que justamente llevó de portada una imagen con fotografías de Collado Mocelo, Peña Nieto y la fachada de la Banca Privada de Andorra, y el encabezado “La historia del dinero oculto”.

Ochoa hizo esas declaraciones desde la cárcel, donde permaneció preso por casi 10 meses, acusado de participar en un delito de corrupción que derivó en un daño al erario, pero logró también que le permitieran continuar su proceso en libertad.

A Juan Ramón Collado Mocelo lo detuvieron por el caso de Caja Libertad y lo vincularon a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La denuncia que derivó en su detención, fue realizada por el empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, quien también involucró al empresario José Antonio Rico Rico (quien este año fue sentenciado a 15 años y 6 meses de prisión “por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”).

En su acusación, Bustamante Figueroa mencionó también a Mauricio Kuri González entonces senador del PAN y actual gobernador, así como a Francisco Domínguez Servién, en aquel momento mandatario estatal de Querétaro.

Pero cuando ocupaba el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el queretano Santiago Nieto Castillo deslindó tanto a Kuri González como a Domínguez Servién.

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