En una protesta en la plaza de armas de la ciudad acusaron otras violaciones a sus derechos laborales.
El gobierno del municipio de Querétaro se deslindó al sostener que la contratación del personal del sistema de transporte corresponde a una empresa privada, que no identificó, y que “cualquier asunto de carácter laboral corresponde resolverse entre particulares”.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- Un grupo de trabajadores del sistema de transporte, Bus Municipal de Querétaro, realizó una protesta en la plaza de armas de la ciudad, donde tiene sus oficinas el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.
Las personas manifestantes dijeron formar parte del sindicato “Ignacio Pérez” y denunciaron violaciones laborales de la empresa que tiene la licitación para prestar el servicio, misma que identificaron como “Fletes y Acarreos”.
Una de las irregularidades que acusaron fue que dicha empresa los obligó a que firmaran un contrato “por obra determinada de 30 días”, lo que derivó en el despido injustificado de más de cincuenta trabajadores.
“El pasado viernes 02 de enero, más de cincuenta trabajadores fuimos despedidos de manera injustificada por la empresa Fletes y Acarreos –que es la empresa que tiene la licitación para prestar el servicio al Bus Municipal–, únicamente por negarnos a firmar el contrato por obra determinada de 30 días”, señaló Karen González, secretaria del sindicato.
González puntualizó que ese tipo de contratos contravienen la Ley Federal del Trabajo, así como el contrato colectivo vigente del sindicato que la empresa había aceptado.
En este asunto interviene una segunda empresa, indicó la secretaria del sindicato.
“De manera arbitraria se nos presionó, intimidó y se nos condicionó a firmar nuestra renuncia, advirtiéndonos que, de no hacerlo, no podríamos ser contratados por la nueva empresa”.
Karen González añadió que este tipo de prácticas irregulares han sido constantes en el sistema Bus Municipal, que antes tenía otro nombre.
“Este tipo de prácticas constituyen una coacción laboral evidente de un patrón sistemático de precarización del empleo, denunciamos que estas acciones no son hechos aislados, sino prácticas recurrentes que año con año se repiten dentro del Bus Municipal, con diferentes empresas, siempre en perjuicio de los trabajadores, quienes sostenemos el servicio de nuestro trabajo diario”.
Cabe recordar que en febrero de 2018, durante la administración del panista Marcos Aguilar Vega, operadores de los autobuses del “Transporte Escolar” realizaron un paro de labores.
El entonces alcalde reconoció que no habían recibido pago desde enero de ese año, lo que atribuyó a una “cuestión administrativa”.
Postura del municipio de Querétaro
Ahora, ante la protesta de trabajadores y el anuncio de un emplazamiento a huelga, la administración municipal de Querétaro, que encabeza Felipe Fernando Macías Olvera, se deslindó de esta problemática.
El gobierno refirió que la ganadora de la licitación pública para la prestación del servicio de transporte municipal durante 2026, es la responsable directa de la contratación del personal.
“Cualquier asunto de carácter laboral corresponde resolverse entre particulares, es decir, entre la empresa prestadora del servicio y su personal, conforme a la normatividad aplicable y al contrato vigente”.
En la información difundida, el gobierno de Macías Olvera no identificó a la empresa responsable ni tampoco detalló el monto económico al que asciende el contrato con la misma, pero aseguró que “es una prioridad que el personal que opera el transporte municipal cuente con pleno respeto a sus derechos laborales”.
La secretaria del sindicato “Ignacio Pérez” exigió que las autoridades investiguen los abusos y otras irregularidades en las que han incurrido las empresas encargadas del Bus Municipal, como que en noviembre pasado fueron dados de baja del IMSS más de cien trabajadores.
También acusó un incumplimiento en el pago de prestaciones de ley, como vacaciones, aguinaldo y otros derechos.
Sin embargo, el gobierno del municipio de Querétaro expuso que solo puede mantenerse “atento” a que la empresa cumpla.
“En su calidad de contratante del servicio, se mantiene atento a que la empresa cumpla con sus obligaciones en materia laboral y otorgue condiciones dignas de trabajo”.
“No vamos a normalizar la ilegalidad ni el abuso y exigimos el respeto irrestricto a nuestros derechos laborales (…) no se puede permitir que un programa público funcione a costa de la violación de los derechos de los trabajadores”, añadió la secretaria del sindicato, Karen González.
El gobierno de Macías Olvera aseguró haber realizado solicitudes a la empresa operadora, en torno al incremento salarial del personal, “con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y reconocer la importancia de su función en la movilidad de la ciudad”.
Y reportó que actualmente el servicio “opera con normalidad y sin contratiempos”.
