La SCJN validó que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de un juez, siempre que existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La medida busca frenar las redes financieras del crimen organizado que mueven miles de millones de dólares al año.
Jessica Alcázar Zaragoza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma constitucional que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial en caso de que esta encuentre “indicios suficientes” de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
La resolución de la SCJN surge a partir de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, promovida por un grupo de 49 miembros del Senado tras la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, en 2022.
El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue aprobado por mayoría, con los votos en contra de Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, quienes plantearon la posible vulneración de la seguridad jurídica de las personas afectadas.
Esquivel Mossa argumentó que debía mantenerse la interpretación de la Segunda Sala de la SCJN (jurisprudencia 46/2018), la cual establece que el bloqueo de cuentas es constitucional cuando cumple compromisos internacionales, y no permitir que la UIF “tenga una facultad tan abierta (…) y sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que ‘el fin justifica los medios’”.
Figueroa Mejía apuntó que el congelamiento de cuentas no es una acción administrativa, sino penal, por estar relacionada con la investigación de un posible delito, por lo que no puede estar “basada en la mera sospecha”.
La ministra María Estela Ríos González, en cambio, defendió la necesidad de apartarse del antiguo criterio para evitar que nuestra soberanía dependa de “lo que decida un país extranjero”.
La ministra ponente justificó su criterio partiendo de que el crimen organizado “se sostiene gracias a redes financieras complejas que le permiten mover, ocultar y reinvertir recursos de manera constante”, como explicó Ortiz Ahlf en sus redes sociales.
“Se estima que los movimientos financieros vinculados al narcotráfico entre Estados Unidos, México y Colombia alcanzan cifras cercanas a los 80 mil millones de dólares al año. Este dinero circula a través de cuentas bancarias, transferencias disfrazadas de operaciones legales y estructuras diseñadas para aparentar licitud”.
La ministra aclaró que el bloqueo de cuentas por parte de la UIF ―órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)― “es una medida administrativa y preventiva, no una sanción penal”.
Además, aseguró que “el propio artículo establece un procedimiento claro para que las personas afectadas puedan ejercer su derecho de audiencia y defenderse, con etapas y plazos definidos”.
