Querétaro
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Informan que hay al menos 8 amparos contra “Ley Concesiones”

Imagen: Libertad de Palabra.
  • La lucha continúa contra la polémica norma, llamada también “Ley Kuri”, y ahora defensores de derechos humanos y activistas anunciaron que tienen previsto conformar una agrupación para defender el agua: “no nos vamos a detener”.

Iván Aldama Garnica

Querétaro, Qro.- Integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos dijeron conocer de al menos 8 demandas de amparo promovidas contra la llamada “Ley Concesiones” de Querétaro.

Esa ley generó polémica, no solo porque especialistas habían advertido en su momento, que tiene un carácter privatizador, sino además porque fue aprobada con celeridad y sin mecanismos de participación ciudadana –un “parlamento abierto”–, por el congreso local, con mayoría del PAN, partido que gobierna en la entidad.

Pese a las voces que le pedían vetarla, luego de la aprobación por el congreso, el gobernador Mauricio Kuri González decidió publicarla apenas dos días después.

Esa decisión derivó en diversas movilizaciones, algunas de ellas hasta las afueras de la oficina del mandatario.

Una de las manifestaciones, la del 10 de junio, en la que participaron indígenas, mujeres y personas de la tercera edad, en carriles centrales de la vialidad 5 de Febrero, frente a la sede de la Comisión Estatal de Aguas, fue reprimida por la Policía Estatal.

De la intervención de la Policía estuvo informado puntualmente el gobernador Mauricio Kuri, según dijo la secretaria de Gobierno, María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Pero además de las protestas en la calle las personas inconformes han tomado la vía legal.

Los organismos defensores de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel local, determinaron no interponer acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrara al análisis de la ley, lo que para Claudia Romero Herrera, de Bajo Tierra Museo del Agua, evidenció la cooptación de las instituciones públicas, supuestamente “autónomas” e “independientes”.

Ahora conocen de al menos 8 amparos contra la llamada “Ley Concesiones”, cuyas audiencias están programadas para los próximos días.

En una rueda de prensa, insistieron en lo que consideran riesgos de la controversial ley, que entró en vigor el 01 de julio pasado.

Uno de esos riesgos, para la especialista en gestión del agua y abogada, Claudia Romero Herrera, es que la legislación queretana no se alinea con el mandato del artículo cuarto constitucional, que habla del derecho humano al agua, al no considerar un abasto mínimo vital para la población, al carecer de criterios de accesibilidad, disponibilidad o calidad del agua y al no desarrollar cómo le van a hacer las autoridades para garantizar este derecho humano.

Al señalar que legaliza la participación de organismos operadores privados en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, otra de las participantes en la rueda de prensa advirtió:

“La denominada Ley de Aguas causará un grave perjuicio al erario público, pues las cuotas por el servicio que deberían ingresar a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, la CEA, serían canalizadas a las cuentas bancarias de los particulares concesionarios”.

Alberto Sosa Ocampo, quien fue visitador en la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, añadió que habría un posible daño ambiental en el estado de Querétaro por una extracción indiscriminada del agua potable, al ser vista ya como un negocio.

Como la también llamada “Ley Kuri” contempla la figura de concesiones, facilitará la expansión urbana mediante polígonos, con una prestación selectiva y discrecional del líquido vital, afirmó Claudia Romero Herrera.

“Esa discrecionalidad va muy ligada al interés que se tiene de desarrollar nuevos espacios comerciales y habitacionales”.

En este sentido, otra de las participantes en la conferencia de prensa expuso: “No se puede cortar en pedazos el servicio de agua potable en un territorio, eso no funciona y tiene graves impactos, como ya lo señalaron en varios estudios ambientalmente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando porque es un bien colectivo y por lo tanto su manejo tiene que ser integral”.

Teresa Roldán Soria, integrante de un grupo ambientalista, también manifestó sus preocupaciones: “están quitando el sustento hídrico a los ecosistemas, con esto no solo tendremos un desequilibrio en el entorno, sino en todo derredor, habrá también cierto daño a los estados circunvecinos”.

Finalmente, César Pérez Guzmán, con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, mencionó que pretenden formar una organización diversa para defender el agua:

“Es social, es técnico, jurídico y entonces esperamos avanzar mucho, no nos vamos a detener, que quede muy claro, vamos a seguir luchando para evitar este atropello a la población”.