Reportan que cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, resultaron con quemaduras, durante una jornada de violencia ocurrida a inicios de semana en la capital del estado de Guerrero.
Redacción
Sujetos armados incendiaron unidades tipo Urvan del transporte público colectivo, aún con personas usuarias al interior, en la ciudad de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero.
Medios de comunicación reportaron que cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, resultaron con quemaduras.
Además de la quema de vehículos, ocurrieron balaceras y bloqueos en la ciudad, lo que provocó que a inicios de semana tuvieran que ser suspendidos servicios como el de transporte público y otras actividades como las clases y operaciones administrativas municipales.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) confirmó que se suspendieron clases en todos los niveles tras recomendaciones de seguridad, y el transporte público también está prácticamente paralizado.
Los conductores y usuarios han reportado que pocas unidades circulan, por temor a los incidentes violentos, bloqueos y agresiones.
La presidencia municipal, a través de un comunicado emitido el 29 de septiembre de 2025, anunció la suspensión de actividades temporales en el Palacio Municipal y dependencias administrativas —salvo áreas operativas esenciales— para salvaguardar al personal municipal ante la ola de violencia.
El Ayuntamiento de Chilpancingo, encabezado por Gustavo Alarcón Herrera, insistió formalmente en la intervención de autoridades federales y estatales para contener los brotes violentos y restablecer la paz. Esto debido a que ya habían alertado de posibles incidentes de inseguridad.
Alarcón Herrera es el alcalde que sustituyó a Alejandro Arcos Catalán, que recién había tomado posesión del cargo, en octubre de 2024, cuando fue asesinado y decapitado.
Según reportes locales, los hechos violentos recientes incluyen enfrentamientos armados entre células del crimen organizado que disputan territorio en la ciudad.
Choferes del transporte público han sido asesinados y otros han recibido agresiones e intimidaciones.
Colectivos como el de Madres Buscadoras también suspendieron sus labores de búsqueda en zonas rurales, argumentando que no existen condiciones de seguridad para desplazarse, dado el aumento de emboscadas, patrullajes y confrontaciones armadas.
Dos semanas antes del 29 de septiembre dependencias como la Fiscalía de Guerrero cerraron su sede en Chilpancingo en días específicos por orden de autoridades estatales, declarando días inhábiles a fin de proteger a su personal ante amenazas y actos de violencia en sus inmediaciones.
La disputa territorial entre grupos delictivos como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, así como la presencia de células criminales con rutas de transporte y extorsión, la vulnerabilidad institucional y fallas en gobernabilidad profundizan la violencia en Chilpancingo, que ha sido históricamente uno de los focos críticos de inseguridad en el estado.
Desde el gobierno estatal, liderado por Evelyn Salgado, y el municipal, se han desplegado patrullajes, presencia militar y policiaca, operativos conjuntos con Guardia Nacional y Ejército, con base en denuncias y monitoreo ciudadano. Sin embargo, ciudadanos indican que la respuesta ha sido tardía o insuficiente para evitar efectos colaterales como cierres de negocios, falta de transporte y vulnerabilidad social.
La gobernadora realizó recorridos pero con escoltas y policías alrededor.
Habitantes reportan temor al salir de noche o al caminar por ciertos puntos de la ciudad. Esa sensación de inseguridad disuade la participación ciudadana, afecta la movilidad urbana y genera un círculo donde el miedo refuerza la paralización.
