Alexandro Rovirosa fue declarado culpable de conspirar para sobornar con más de 150 mil dólares a al menos tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos millonarios, por lo que podría pasar hasta 15 años en prisión.
Jessica Alcázar Zaragoza
El empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez fue declarado culpable por un juez federal en Houston, Estados Unidos, por tres cargos de violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que implican la conspiración para sobornar a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) a fin de asegurar contratos millonarios.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rovirosa Martínez, junto con su cómplice Mario Alberto Ávila Lizárraga ―quien sigue prófugo― pagaron, entre 2019 y 2021, más de 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo que incluyeron productos de Luis Vuitton y Hublot, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP, lo que les aseguró contratos valuados en al menos 2.5 millones de dólares.
Rovirosa Martínez, originario de Tabasco y residente permanente en Texas, ha sido identificado como propietario de empresas vinculadas a obras de infraestructura y actividades petroleras, como Tubular Technology, Roma Energy y Energy On Shore, que recibieron contratos por más de 300 millones de pesos por parte de la petrolera mexicana entre 2013 y 2021.
Personal del Departamento de Justicia aseguró que este veredicto envía un mensaje a empresas y ejecutivos que operan desde Estados Unidos para socavar la competencia justa, por lo que Alexandro Rovirosa podría alcanzar una sentencia máxima de 15 años de prisión.
“No toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”, dijo el fiscal interino de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti.
En la investigación del caso participaron el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la oficina del inspector general de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), Región del Atlántico Medio.
Al ser cuestionada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió, en su conferencia mañanera del martes 12 de agosto, que el cómplice de Alexandro Rovirosa, Mario Alberto Ávila Lizárraga, es militante del PAN.
“Para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado, en su momento, también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó durante la conferencia matutina del 30 de agosto que, en paralelo a la investigación del gobierno de EE. UU., reabrieron cinco auditorías para investigar la participación de 16 funcionarios y 3 exempleados de Pemex.
Buenrostro detalló que se trata de Roberto P., quien se desempeñaba en el departamento de Abasto en Exploración y Producción; Juan V., de Mantenimiento y Construcción, y Erick N., quien estuvo en Exploración y Producción, y que presuntamente alteró las cinco auditorías que abrió Pemex en 2020 por licitaciones irregulares, y exoneró a empresas que participaron.
Asimismo, aclaró que la investigación está centrada en cuatro contratos, dos de los cuales fueron celebrados durante la administración de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2013, por 217 millones de pesos, y en agosto de 2018, por 89.1 millones.
Además de otros dos contratos celebrados en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por 30.9 millones de pesos, mismo que concluyó anticipadamente, y otro por 52.9 millones que no se formalizó por irregularidades detectadas.
Mientras tanto, Pemex sigue sin emitir un comunicado oficial respecto al tema, aunque en mayo publicó un comunicado en el que dio a conocer que “logró el tercer lugar entre las empresas más grandes de México con mejor desempeño ético y menor corrupción, al obtener una calificación de 96.1 durante la revisión 2024 del Índice de Integridad Corporativa (IC-500)”, además de que “avanzó de la posición 19 al lugar 12” en la Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 2019-2024.
