- Una organización ciudadana de Querétaro, analizó y detectó que la aplicación del llamado “Acuerdo de Escazú” es nula y muy mínima por parte de las autoridades locales.
- Lo anterior significa que en el estado de Querétaro no se garantiza el pleno acceso a la información, la participación ciudadana, así como el acceso a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente, particularmente con el tema del agua, señalaron.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- La organización ciudadana “Bajo Tierra Museo del Agua” presentó un informe en el que evaluaron la aplicación del “Acuerdo de Escazú” en Querétaro.
“Este es el primer precedente que vemos en el país y posiblemente sea el primer precedente en América Latina, por lo menos que esté publicado”, destacó Claudia Romero Herrera, coordinadora del informe.
El “Acuerdo de Escazú”, denominado así por haber sido convenido en la ciudad de Escazú, Costa Rica, en 2018, fue firmado por el Gobierno de México.
A grandes rasgos el “Acuerdo de Escazú” busca garantizar “la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”, como lo establece su objetivo número 1.
También contempla la protección de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
En el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador dicho acuerdo fue ratificado por su gobierno e incluso el mandatario publicó un decreto promulgatorio.
Claudia Romero Herrera de Bajo Tierra Museo expuso que a partir de 2021, el “Acuerdo de Escazú” se equiparó, en peso jurídico, con la Constitución mexicana, lo que implica entre otras cosas que tiene que aplicarse en todo el territorio nacional.
En ese sentido, el equipo de Bajo Tierra Museo se dio a la tarea de analizar si en Querétaro efectivamente se cumplen los 3 aspectos principales que marca el Acuerdo de Escazú (acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia), específicamente en lo que tiene que ver con el agua.
“Finalmente la realidad se vive a nivel local y nosotros ponemos el dedo en ese renglón”.
Herrera Romero dijo que si se utiliza una referencia de medición como la de un semáforo, Querétaro, como autoridad competente para aplicar el “Acuerdo de Escazú”, aparecería entre el amarillo y rojo.
“En una valoración que hacemos en términos de aplicación total, aplicación parcial, aplicación mínima o nula, pues estamos entre, pensando en la metáfora del semáforo, estamos entre el amarillo y el rojo, entre cero aplicación y entre muy, muy, muy mínima aplicación”.
Detectan opacidad en la CEA
Por ejemplo, en uno de los aspectos que marca el “Acuerdo de Escazú”, el del derecho humano a saber o al acceso a la información, en el tema ambiental, en específico del tema del agua, el equipo de Bajo Tierra Museo analizó el cumplimiento del organismo operador del agua de Querétaro (Comisión Estatal de Aguas) en cuanto a las obligaciones de transparencia que establecen los artículos 66 y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.
“15 de los rubros no contaban con información actualizada a 2023, sino hasta 2017 y 2019. Entre ellos los rubros de programas de subsidio, apoyo o estímulos, donaciones hechas a terceros y montos destinados a comunicación social. En 6 de los rubros no había información disponible, incluida la relativa al proyecto ejecutivo de obra pública y gasto público. En al menos 17 rubros se encontraron formatos incompletos, formatos vacíos hipervínculos deshabilitados. En algunos casos, aunque la liga habilitada despliega un documento, al interior de este puede leerse que no existe información o que dicha información no es generada por la dependencia. En el apartado de transparencia proactiva, la dependencia informa únicamente sobre su programa de sensibilización en cultura de agua”.
Sobre este aspecto, Clara Tinoco Navarro de la Contraloría Ciudadana por el Derecho Humano al Agua, consideró: “El Estado tiene la obligación de asegurar que esta información sea transparente, sea accesible, sea con el enfoque adecuado”.
El equipo de Bajo Tierra no se limitó a revisar información publicada en el portal de Internet del organismo operador del agua en Querétaro, también realizó 54 solicitudes de información, pero de esas detallaron en su informe que solo en 5 les respondieron lo solicitado.
“De un total de 54 solicitudes de información realizadas para la presente investigación 5 fueron respondidas con la información solicitada y 5 con negativa, de las cuales en 10 casos la autoridad refirió no contar con la información, en 3 información inexistente y en 10 refirió no ser competente. En 2 casos se respondió con información incompleta, imprecisa o distinta a la solicitada. En más de un caso, información declarada ante medios de comunicación por alguna autoridad fue referida como inexistente en la respuesta a la solicitud formal de información”.
“Cierre a la participación”
Si en lo que tiene que ver con la información pública, el equipo de Bajo Tierra detectó vacíos y falta de acceso cuando se trata de información relevante o de peso, algo similiar ocurre con los canales de participación ciudadana.
Por ejemplo, 5 de 7 subcomponentes de Participación los categorizaron en el informe como “Medio-bajo”.
La representante de Bajo Tierra Museo del Agua, Claudia Romero Herrera, recordó que el año pasado, cuando estaba por aprobarse la polémica ley sobre servicios de agua en Querétaro, mejor conocida como “Ley Concesiones” o “Ley Kuri”, en el Congreso local, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), se negaron a realizar un parlamento abierto.
Ella lo expresó así: “La constante que vemos es que hay apertura en la participación en cosas que sean consultar opinión, en cosas que sean dar el visto bueno ya que está una política definida y en temáticas que no sean muy polémicas, y hay un cierre a la participación en temáticas, en asuntos o en espacios donde la decisión tiene peso, o sea, va a cambiar, va a poder influir en la política pública o la decisión es polémica y cruza con un potencial conflicto de interés”.
Impunidad
Otro de los puntos que establece el Acuerdo de Escazú y del cual evaluaron su aplicabilidad en el estado de Querétaro, fue el del derecho de acceso a la justicia ambiental.
Luego de la aprobación y publicación de la llamada “Ley Concesiones”, ocurrieron protestas como la del 10 de junio de 2022, en la que fueron reprimidas personas adultas mayores, indígenas, así como jóvenes.
Claudia Romero señaló que la autoridad en Querétaro mantiene abiertas carpetas de investigación contra las personas que fueron detenidas aquella vez.
En el estudio, presentan 6 estándares relativos a la protección de las personas que defienden el medio ambiente con la siguiente categorización:
“Reconocimiento de la labor de defensa: Mínimamente garantizado; Medidas adecuadas y efectivas de protección: Mínimamente garantizado; Medidas de prevención de ataques: Nulamente garantizado; Derecho a la libertad de opinión y expresión: Parcialmente garantizado; Derecho de reunión y asociación pacíficas: Parcialmente garantizado; Investigación y sanción de ataques: Nulamente garantizado”.
“Es preocupante el eje de justicia porque finalmente estamos ante un clima de reincidencias de las agresiones y de impunidad, no tenemos un solo registro de recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos, de sanciones administrativas, de amparos, o sea, no tenemos registro de impartición de justicia en temas que competen al derecho humano al agua en esta delimitación geográfica”, señaló Claudia Romero Herrera.
En su estudio, el equipo de Bajo Tierra Museo, recuerda otros hechos contra personas defensoras del medio ambiente que han ocurrido en la entidad.
El equipo de Bajo Tierra Museo también analizó la garantía del cumplimiento del derecho humano al agua.
Su estudio, aclararon, se centró en la zona metropolitana de Querétaro conformada por los municipios de Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro.
Para ello retomaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Comisión Nacional del Agua.
Por ejemplo, entre otros puntos, refieren que las personas sin servicio constante (o diario) de agua en el estado de Querétaro pasaron de 16.4 por ciento a 54.9 por ciento en 6 años.
También, con base en esos datos, señalan que Querétaro fue ubicado como el tercer estado a nivel nacional “con el gasto más alto en la cuota del servicio de agua potable”.
Consulta el estudio completo aquí.
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