Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, se encuentra bajo el escrutinio público tras ser arrestada, junto a su esposo, por elementos de la Policía Municipal la madrugada del 10 de mayo en la Feria Nacional de San Marcos.
El incidente, captado en video, ha generado controversia debido a que la magistrada pertenece al órgano encargado de supervisar la conducta de los juzgadores.
Mediante un video que circuló ampliamente en redes sociales, medios locales y nacionales dieron a conocer la detención de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de Aguascalientes, Martha Elba Dávila Pérez, y de su esposo, Alejandro Jorge García Gómez, la madrugada del domingo 10 de mayo en la Feria Nacional de San Marcos.
En este se aprecia que al menos ocho elementos de la Policía Municipal forcejean con la magistrada y principalmente con su esposo, quien se desempeña en el Gobierno del estado, para esposarlos y subirlos a una camioneta oficial ubicada a un lado de un módulo de seguridad.
De acuerdo con los reportes periodísticos, la detención fue consecuencia de una denuncia hecha por los encargados de un establecimiento de comida, debido a que presuntamente la pareja se negó a pagar la cuenta.
Dávila Pérez es licenciada en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, con maestría en Derecho Fiscal, por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos, por el Instituto de Altos Estudios Universitarios.
Desde septiembre de 2023 fue designada magistrada por el Congreso local y en agosto de 2025, tras las elecciones del Poder Judicial, se incorporó al TDJ, donde percibe más de 120 mil pesos mensuales netos.
El hecho causó revuelo a nivel nacional debido a que el TDJ es el encargado de supervisar la conducta de jueces y magistrados, y determinar posibles responsabilidades administrativas.
El Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes (STJA), encabezado por la magistrada María de Jesús Ocampo Vázquez, aún no emite un pronunciamiento respecto a la conducta de la magistrada Dávila Pérez; sin embargo, la población hidrocálida exige explicaciones y que no haya un “trato preferencial”.
