El expresidente municipal de Corregidora ya había sido detenido en diciembre de 2020, al atribuirle “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Iván Aldama Garnica
Casi 4 años después de que lo detuvieran, ahora la fiscalía anticorrupción de Querétaro informó de la captura de quien fuera presidente municipal de Corregidora en el trienio 2009 a 2012, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En diciembre de 2020, luego de 8 años del término de su gobierno y al paso de 3 administraciones municipales emanadas del Partido Acción Nacional (PAN), fue noticia la aprehensión del exalcalde queretano. En aquel momento le eran atribuidas “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Esta vez, octubre de 2024, lo acusan de “peculado”, un delito contemplado en el título segundo del Código Penal para el Estado de Querétaro, “Delitos por hechos de corrupción”.
“La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión, en contra de un exfuncionario que se desempeñó como presidente municipal de Corregidora entre los años 2009 al 2012, por el delito de peculado, en agravio del servicio público y del erario de aquella demarcación”, informó la dependencia a cargo de Benjamín Vargas Salazar.
De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Querétaro, la persona servidora pública comete el delito de peculado cuando “para provecho propio o ajeno, aplique o destine dinero, valores, recursos materiales, humanos o financieros o cualquier otro bien perteneciente a los Poderes, dependencias o entidades de la administración pública del Estado, de un Municipio, órganos constitucionales autónomos o de un particular, si por razón de su cargo lo tuviere recibido en administración, en depósito, o por otra causa para un fin diverso”.
La segunda fracción del artículo 267 del código, referente al peculado, establece que ese delito se configura cuando “ilícitamente utilice recursos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover o divulgar su imagen o la de terceros”.
La fiscalía informó que el exfuncionario de gobierno estará a disposición de la autoridad judicial, “para determinar su situación en el proceso penal”.
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