El gobierno que encabeza el priista Manuel Montes Hernández (en la foto junto a “Alito” Moreno), retiró los puestos de comerciantes del lago de Ajuchitlán y detuvo a 4 personas “por el delito de escandalizar”, sin embargo, después los denunció por “homicidio en grado de tentativa”.
El PRI logró el triunfo en Colón después de la división que tuvo el PAN en ese municipio y la fractura estatal de Morena, pero en este tiempo el gobierno municipal ha sido señalado de no dar soluciones en el lago de Ajuchitlán, de privilegiar intereses inmobiliarios y, ahora, también de usar la fuerza pública para reprimir, además de fabricar delitos.
Iván Aldama Garnica
Una videograbación, después de la detención de 4 comerciantes en Ajuchitlán, Colón, registró el momento en que una persona, que va al frente de policías municipales, explica a las personas que “se cometió el delito de escandalizar”.
No obstante, el gobierno del priista, Manuel Montes Hernández, difundió un comunicado en el que informó que durante el operativo “de ordenamiento del comercio informal” se había intentado prender fuego al jefe de gabinete, José Nemorio Guevara Ibarra.
“Tres personas del sexo masculino lograron rodear al funcionario municipal y comenzaron a rociarle gasolina, aunque afortunadamente, pudo ser rescatado a tiempo, y salir ileso del lugar, solo con unos golpes en el cuerpo y ardor en ojos, garganta y gran parte del cuerpo debido al contacto con el combustible”, difundieron las autoridades.
En su comunicado, el gobierno de Colón, informó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por “homicidio en grado de tentativa”, el cual solicita se investigue “y se llegue a las últimas consecuencias”.
Para el dirigente de la organización social, unidad cívica “Felipe Carrillo Puerto”, Pablo González Loyola Pérez, quien respaldó a los comerciantes, se trata de una acusación “falsa” y “fabricada”.
“Todo deja ver que es algo totalmente premeditado”, agregó.
Las 4 personas detenidas son el presidente y tesorero de la cooperativa “Alameda de Ajuchitlán”, Jaime Martínez Martínez y Juan Gabriel Hernández Hernández; además Óscar Eduardo Villa Silva y Joel Ramos Martínez.
Hasta el momento no han sido difundidos los videos sobre las acusaciones del gobierno municipal de Colón que señala a los detenidos de atentar contra el jefe de gabinete, quienes supuestamente también habrían amagado con prender fuego a inspectores y policías municipales.
Lo que sí ha sido difundido son videos por parte de Pablo González Loyola Pérez, dirigente de la organización social más antigua del estado, donde se aprecia como elementos de Policía detienen a comerciantes sin que estos opongan resistencia.
En un video se ve cómo dos elementos de Policía se llevan a uno de los detenidos, mientras una mujer que graba, dice: “así como va sin golpes, tiene que regresar”.
También se aprecia a otro comerciante, cuando es abordado por policías, mientras el resto de personas cuestionan que lo fueran a esposar, pues advierten que está accediendo a presentarse “por voluntad”.
“¿Nos acompañas?”, le dice uno de los elementos con uniforme y placa, quien toma del brazo a la persona, de playera sin mangas, que tenía sus manos colocadas atrás.
“Espérate, yo voy”, le dice al oficial, ante los reclamos de compañeras comerciantes que le pedían que no lo esposara: “Té está diciendo que él se va, se va de voluntad, no lo jales”, “Si va de voluntad, no lo jales”, “no lo jales, va de voluntad”.
González Loyola recordó que las acusaciones son muy similares a las que le imputaron cuando fue detenido en 2016, en el sexenio del panista Francisco Domínguez Servién, al acusarlo de ordenar la quema de patrullas con policías adentro.
Aquí puedes mirar algunos de los videos difundidos por Pablo Héctor González Loyola Pérez (Video 1, Video 2, Video 3).
Otra irregularidad que observa González Loyola es que las personas detenidas están incomunicadas y sin darles la oportunidad de otorgarles una defensa jurídica, además de que se encuentran en instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Tolimán, pero la carpeta de investigación se encuentra en otro municipio, en Cadereyta de Montes.
El gobierno de Montes Hernández difundió la versión de que el operativo fue realizado tras “denuncias ciudadanas de la comunidad y los comerciantes establecidos, quienes acusaron que un grupo de ambulantes provenientes de otros municipios, llegó a invadir ese lugar”.
“Colón es un Municipio de paz, nadie está por el encima de la Ley. No vamos a permitir la impunidad ni vamos a tolerar que gente de fuera, venga a Colón a querer trabajar en la ilegalidad y generando temor entre la población”.
Sin embargo, el dirigente de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto” puntualizó que detrás del operativo hay razones políticas y en particular algo que denominó como una “coalición de intereses” entre el gobierno municipal y desarrolladores inmobiliarios.
Explicó hay intereses inmobiliarios que buscan apropiarse de hectáreas del ejido, incluyendo la zona donde se encuentra la laguna, un área que dijo, es federal por haber sido reservada a la Secretaría de Agricultura.
“Se pretende que un grupo inmobiliario se quede con él, haciendo una simulación de que hay un conflicto al interior de la comunidad”.
Esos intereses, añadió González Loyola, han provocado diferencias entre las personas ejidatarias y quienes integran la cooperativa, para retirarlos del lugar.
El gobierno de Colón difundió que están dispuestos a apoyar a las personas que se dediquen al comercio, siempre y cuando lo hagan de manera regular.
“A los comerciantes que quieran regularizarse, les pido que se acerquen a Presidencia, tenemos programas de capacitación y asesoría para regularizarse”.
González Loyola considera que el gobierno de Colón no tiene competencia para actuar en la laguna de Ajuchitlán, al tratarse, dijo, de una zona federal, y por lo tanto no pueden otorgar licencias o autorizaciones, sino más bien un “no inconveniente” de que se realicen actividades en esa zona.
Comerciantes han intentado hacer del lago de Ajuchitlán, en el municipio de Colón, un espacio donde se les permita comercializar sus productos.
El dirigente de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto” anunció que van a presentar amparos, así como quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos para auxiliar a las personas detenidas.
En un carta abierta al Presidente Andrés Manuel López Obrador la organización social pide la actuación del gobierno federal, “para que se abstenga el gobierno municipal de invadir su competencia”.
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