- La regidora señaló desde un inicio a Jesús Roberto Franco, sobrino político de Diego Fernández de Cevallos.
Iván Aldama Garnica
Por unanimidad la y los magistrados de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron la existencia de violencia política contra la regidora Ivonne Olascoaga Correa, coordinadora de Morena en el Ayuntamiento de Querétaro.
“Se tiene por actualizada la existencia de violencia política en perjuicio de la actora”, fue el resolutivo número 6 que leyó, en sesión pública virtual, el magistrado presidente Ernesto Camacho Ochoa.
Previamente Olascoaga Correa había denunciado la falta de respuesta a diversas peticiones y gestiones ciudadanas, por parte del secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González.
Jesús Roberto Franco González, emparentado con la familia del político Diego Fernández de Cevallos (está casado con una de las sobrinas del llamado “Jefe Diego”), fue designado en ese cargo por el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero.
En ese puesto le antecedió su cuñado, Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda –también sobrino de Diego Fernández de Cevallos–, durante el trienio 2015-2018 que encabezó el presidente municipal, también panista, Marcos Aguilar Vega.
El actual secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González, omitió dar respuesta a diversas solicitudes de la regidora Ivonne Olascoaga Correa, como la petición para conocer un protocolo de seguridad que sería abordado en una sesión de Cabildo.
El magistrado presidente de la Sala Monterrey del TEPJF, Ernesto Camacho Ochoa, expuso que la inexistencia de respuesta, en específico para esa petición, por parte del funcionario municipal, afectó lo esencial de la actividad de la regidora, que es la de participar y votar en los procesos deliberativos del Ayuntamiento.
“Se afectó el derecho a a ejercer el cargo de la actora, al obstaculizarle su participación en la sesión de Cabildo”.
Camacho Ochoa también dio cuenta de otras peticiones de la regidora de Morena que no fueron atendidas y que forman parte de un comportamiento reiterado de funcionarios municipales hacia ella.
Por ejemplo, como la ocasión en la que la regidora solicitó al área de Comunicación Social, que encabeza Isidro Dante Aguilar Calvo, la promoción de una actividad deportiva, pero este le pidió que se dirigiera al secretario del Ayuntamiento, el mismo funcionario que omitió responder a otras de sus peticiones.
La regidora Olascoaga Correa recordó que esas conductas para entorpecer o bloquear su función, comenzaron casi al inicio de la gestión del presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, luego de que ella decidió anunciar públicamente su voto para las primeras sesiones de cabildo.
Así, la postura, no sólo del secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González, sino de otros funcionarios municipales, fue la de no atender sus peticiones, dijo la regidora de oposición, quien señaló que interpuso 18 demandas ante el Tribunal Electoral local y otras 5 en el Órgano Interno de Control del Gobierno del Municipio de Querétaro.
“Solicitaba el reconocimiento de una calle, que me estaban pidiendo unos vecinos de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, y nunca llegó; ingresé peticiones de la ciudadanía para que se ingresaran sus obras al presupuesto del Plan de Obra Anual 2020, ingresé 15 solicitudes, nunca me dijeron si se sometieron a consideración”, relató sobre algunos de los asuntos que no fueron tramitados.
“Era yo invisibilizada, me sentía ninguneada porque no me contestaban nada”, expresó la regidora Ivonne.
La magistrada de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, Claudia Valle Aguilasocho, expuso que hubo un patrón de conducta para obstaculizar el ejercicio del cargo de la regidora.
“Concluimos que existe una suerte, no de conductas aisladas, ni espontáneas, sino que ha sido un patrón de conducta, de una forma de comportamiento, frente a las solicitudes de una integrante del Cabildo, que demuestran obstaculización del cargo, sistemática, reiterada, frecuente, a todo lo que solicitaba le decían que no, le ponían algún obstáculo”.
En tanto, el magistrado Yairsinio David García Ortiz expuso que los actos de violencia política suelen no visibilizarse, “porque ya no se percibe”, expresó.
En este sentido, García Ortiz se manifestó a favor de que ante señalamientos de este tipo de conductas, debe actuarse de oficio y que no queden en la impunidad o en silencio.
“No hay necesidad de que nos establezca: ‘esto es violencia política’, para asumirlo como una posibilidad de nuestro estudio, en la violación a los derechos político electorales del ciudadano, estamos ciertos de ello”.
Y planteó que dichos actos deben juzgarse con otra óptica, encaminada a reparar el daño:
“La visión no puede ser la misma que traíamos, con relación a la figura de violencia política en razón de género, a partir de la ruta que nos corresponde, que es la ruta resarcitoria”, agregó el magistrado.
La regidora Ivonne dijo sentirse escuchada y bien. Y agradeció la resolución de la y los magistrados, pese a que en su fallo no encontraron elementos para acreditar que hubo violencia política, en razón de género, como ella demandó.
En tanto, personal del área de Prensa del Gobierno Municipal de Querétaro, consultado sobre este asunto, respondió que, como aún no habían sido notificados de la resolución, no podían emitir algún posicionamiento.
“Como autoridad, el Municipio debe esperar a ser notificado”.
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