Comunidad indígena de Querétaro logra suspensión contra la “Ley Concesiones”

• “Esa Ley de Concesiones es violenta, sí es violenta, racista, clasista y discriminatoria, pues solo favorece a las élites empresariales ligadas a funcionarios públicos, como el caso de Mauricio Kuri y su relación con las operadoras privadas (del agua)”, afirmó Estela Hernández, integrante del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán.

Iván Aldama Garnica

Integrantes de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco, obtuvieron una suspensión provisional contra la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, también llamada “Ley Concesiones”.

Previamente habían promovido amparos contra esa norma, conocida también como “Ley Kuri”, la cual fue aprobada sin un parlamento abierto por la mayoría del congreso local, con votos del PAN y Querétaro Independiente, y publicada por el gobernador Mauricio Kuri González.

La medida del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro implica que, durante el tiempo que dure la suspensión, “no se realicen actos tendentes a ejecutar el concesionar el sistema de agua potable, drenaje y saneamiento de Santiago Mexquititlán a un particular”.

Según el extracto del acuerdo del 1 de agosto, correspondiente al juicio número 907/2022, que leyó el abogado Carlos González García, la suspensión provisional también ordena a la autoridad queretana a no privatizar el pozo del Barrio Cuarto de la comunidad de Santiago Mexquititlán, bajo resguardo de la comunidad indígena.

“Se dice que se concede la suspensión, dada la gravedad de los actos que se señalan y de la afectación que se estaría causando en los derechos sustantivos de la comunidad de ejecutarse estos actos”, agregó González García, también integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), en una conferencia de prensa desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.

El abogado dijo que mañana habrá una audiencia incidental en la que el juzgado puede confirmar la medida provisional e inclusive otorgar la suspensión definitiva a favor de la comunidad indígena de Querétaro.

En tanto, este y otros juicios de amparo seguirán su proceso con el fin de que un Juzgado de Distrito y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinen la inconstitucionalidad de la “Ley Concesiones”, puntualizó Carlos González García.

Estela Hernández, del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, afirmó que con la suspensión que obtuvieron del juzgado federal, lograron demostrar que la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, además de violar su derecho al agua, es racista, clasista y discriminatoria.

“Esa Ley de Concesiones es violenta, sí es violenta, racista, clasista y discriminatoria, pues solo favorece a las élites empresariales ligadas a funcionarios públicos, como el caso de Mauricio Kuri y su relación con las operadoras privadas (del agua)”.

Desde el sexenio pasado, cuando el gobernador era el panista Francisco Domínguez Servién, integrantes de Santiago Mexquititlán denunciaron saqueo del pozo de agua ubicado en su comunidad, lo que se ha convertido en un conflicto social en aquella región.

Sin embargo, con un nuevo gobierno estatal del PAN, encabezado por Mauricio Kuri González, y con un nuevo gobierno del PRI en el municipio de Amealco, con René Mejía Montoya, quien además fue funcionario de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), el problema persiste y el pozo no ha sido restituido a la comunidad.

De manera adicional, el grupo legislativo del PAN y la fracción del PRI en el congreso local presentaron iniciativas de ley sobre el agua, que contemplaron la figura de la concesión.

La iniciativa que finalmente prosperó fue la del PAN, la cual fue publicada por el gobernador Mauricio Kuri haciendo “caso omiso al clamor popular” de vetarla, señaló Estela Hernández, integrante del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán.

La mujer indígena recordó que pese a habérselo solicitado ni la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, con Javier Rascado Pérez, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con Rosario Piedra Ibarra, ejercitaron su facultad de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Emiten dos comunicados por sus redes, con los puntos de que la ley no era inconstitucional, de que no a todos los pueblos indígenas se les tiene que consultar y que no violentaba el derecho al agua (…) hicieron caso omiso a sus responsabilidades de proteger los derechos”, expresó.

Estela Hernández insistió en los puntos que han venido demandando a las autoridades de Querétaro:

• 1.- Agua para Santiago Mexquititlán y no para las empresas millonarias.

• 2.- Alto a las campañas de hostigamiento, criminalización y persecución política.

• 3.- Cierre inmediato de las carpetas de investigación que se encuentran abiertas en la Fiscalía 5 de Querétaro de los 3 detenidos de manera arbitraria, el 10 de junio en la Avenida 5 de Febrero.

• 4.- Apertura de mesas de trabajo para atender la problemática hídrica de las comunidades.

• 5.- Abrogación de la inconstitucional Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.

• 6.- A los pueblos: “El poder emana del pueblo y para el pueblo, organizados y en red ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”.

Integrantes de la “Red en Defensa del Agua y la Vida” (Redavi) también se sumaron a la petición de que retiren los cargos contra las personas que fueron detenidas en la manifestación del 10 de junio, reprimida por la Policía Estatal de Querétaro.