Días antes la FGR reportó la captura de Alejandro Álvarez Puga por un caso de impuestos, pero aclaró que no está ligado al caso de su hermano Víctor Manuel y su cuñada, Inés Gómez Mont, contra quienes hay procesos de extradición.
El abogado Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, fue vinculado a proceso.
De acuerdo con reportes periodísticos, un juez de control dictó la medida contra el abogado, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo la noche del 9 de julio en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.
De acuerdo con la FGR, “Alejandro ‘N’, fue requerido por un juez federal por posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal”.
Lo anterior “no tiene relación alguna con los procedimientos de extradición en los Estados Unidos de América que enfrentan Víctor ‘N’ e Inés ‘N’, quienes son requeridos en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La FGR detalló que el mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina.
Igualmente, aclaró que su hermano, Víctor Manuel Álvarez, “fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025” pero las autoridades le concedieron libertad mediante el pago de una fianza y la colocación de un dispositivo de geolocalización.
“Su próxima audiencia se encuentra programada para noviembre de 2026. La FGR continúa fortaleciendo la petición formal de extradición con la cual se acrediten diversos factores que solicita la autoridad estadounidense”.
Respecto a Inés Gómez Mont, la Fiscalía informó que “continúa trabajando a fin de cumplir con cada uno de los elementos que la autoridad estadounidense solicita” para su extradición.
De acuerdo con las investigaciones publicadas en distintos medios de comunicación, Víctor Manuel participó en una red de lavado de dinero que realizó operaciones con empresas fachada para el desvío de recursos públicos, por cerca de 3 mil millones de pesos, adquiridos mediante contratos con la Secretaría de Gobernación y el Sistema Penitenciario Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
