Hijos de políticos como Ricardo Monreal o Arturo Montiel, un nieto de Elba Esther Gordillo, exesposos de Galilea Montijo, Ninfa Salinas o de Mariana Ochoa, están entre los beneficiarios del desvío de recursos y presunto lavado de dinero cometido por Álvarez Puga durante la administración de Enrique Peña Nieto, revela una investigación del periodista Zedryk Raziel.
Jessica Alcázar Zaragoza
Una investigación publicada por Zedryk Raziel en el El País devela el alcance de la red de complicidades del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, misma que se extiende hasta familiares de políticos, empresarios y miembros de la farándula.
Álvarez Puga está retenido por el gobierno de Estados Unidos desde octubre de este año por irregularidades en su estatus migratorio, esperando un proceso de extradición a México por lavado de dinero, defraudación fiscal y un desfalco de cerca de 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong.
Al abogado prófugo lo acusan de crear decenas de empresas sin infraestructura ni recursos que simulaban vender bienes o prestar servicios y que emitían facturas o reportaban pérdidas millonarias para deducir o no pagar impuestos.
Una de estas empresas fue la beneficiaria de contratos por millones de pesos aportados por la Secretaría de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto para el equipamiento de cárceles, mismos que no llevó a cabo.
El abogado junto con su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, huyeron hace cuatro años a la ciudad de Miami, Florida, donde habían logrado amasar un millonario patrimonio inmobiliario a través de empresas fachada que incluía la mansión que perteneció a la cantante Cher en los 90, una villa en el condado de Palm Beach o una mansión en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates.
Al parecer, Zedryk Raziel tuvo acceso a una auditoría fiscal realizada por la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a Gupea Construcciones, S. A. de C. V., una empresa fantasma, y a Ismael Infante Loredo, uno de los prestanombres vinculados al desvío de recursos que realizaba Álvarez Puga.
En el reportaje consta que dicha empresa está “ubicada en una pequeña vivienda particular de un barrio de clase baja de San Luis Potosí” y que el prestanombres es un obrero que vive en ese mismo estado.
En la auditoría, señala el periódico El País, se puede constatar que 89 personas recibieron depósitos por concepto de pagos de nómina o de honorarios, durante 2016 y 2017, provenientes de una de las cuentas de 125 millones de pesos de la facturera de Álvarez Puga.
Entre los nombres de los beneficiarios figuran, por ejemplo, Othón de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo, exlíder sindical del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quien obtuvo 1,3 millones de pesos, supuestamente como pago por una deuda que Álvarez Puga tenía con su fallecida madre, Mónica Arriola.
Además, está Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, como otro de los beneficiarios al recibir un depósito por 865,800 pesos; así como Ricardo Monreal Pérez, hijo del diputado Ricardo Monreal Ávila, quien cobró 275,000 pesos.
En la lista también aparece Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, quien se benefició con 11,3 millones de pesos; así como Fernando Reina Iglesias, deportista, político y exesposo de la conductora Galilea Montijo, que cobró 700 mil pesos, y Patricio de la Peña, exsecretario del Trabajo en Quintana Roo y exesposo de la cantante Mariana Ochoa, quien recibió 80 mil pesos.
Al ser cuestionado sobre el tema, el diputado Monreal contestó, a través de un portavoz, que su hijo “no se dedica a la política ni a la actividad pública”, mientras que Arturo Montiel, Galilea Montijo y Ninfa Salinas se negaron a tocar el tema.
La investigación de El País señala que el propio Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont estaban en la nómina, percibiendo más de 18 millones en conjunto, además de la madre de esta, Alma Rosa Puga Paz, que cobró 285 mil pesos, y la exesposa de él, Rosario Arnaud de la Torre, quien recibió 3,5 millones de pesos.
Asimismo, en los registros está Rodrigo de Zulueta, titular de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración Judicial), quien recibió 3,9 millones de pesos.
El apoderado de la empresa que construyó la “casa blanca” de Peña Nieto, Edgar Joel Tapia Escoto, recibió 2,2 millones; Miguel Marengo Canales, identificado como prestanombres de Miguel Ángel Yunes Linares, obtuvo 1,2 millones; así como Ricardo Pelusi Barriguete (26,6 millones) e Ileana Salazar Penagos (2,2 millones), accionistas de la firma Connect Telecom.
Eduardo Valenzuela Guzmán, identificado por Hacienda como piloto de Álvarez Purga, también cobró 7,7 millones, además de Juan Ignacio Rivero Celorio, directivo en el Colegio de Contadores Públicos de México, quien recibió un millón de pesos.
Entre los exfuncionarios que figuran en el registro, está el exdirectivo en el IMSS y en la presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, José Omar Gutiérrez Bayardi, quien recibió 1,4 millones de pesos; así como Leonel Daniel Ortiz Noriega (350 mil pesos), quien fue director de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora durante la gestión de la priista Claudia Pavlovich.
Además está el exdirector de Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, Juan Rojas Nájera (65 mil), y el notario 79 de la Ciudad de México, Gerardo González Meza (83 mil pesos).
En el reportaje, Zedryk Raziel aclara que de toda esta lista de beneficiarios, solo Álvarez Puga, su esposa y unos cuantos prestanombres y funcionarios medianos de la Secretaría de Gobernación están bajo investigación.
Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el pasado 1 de diciembre que su gobierno está pidiendo la extradición de Álvarez Puga y afirmó que “nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”.
