En su columna de opinión #TestigoOcular el periodista Eric Pacheco escribe: Lo ideal sería que cualquier presidente o presidenta municipal pudiera hablar libremente con el gobernador de su estado y gestionar recursos para sus pueblos de cara a la gente que los eligió.
Eric Pacheco*
En un estado que se precia de ser democrático, lo ideal sería que cualquier presidente o presidenta municipal pudiera hablar libremente con el gobernador y gestionar recursos para sus pueblos de cara a la gente que los eligió.
Sin embargo, la experiencia que narró la alcaldesa de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, tras la frustrada mesa de trabajo con el mandatario queretano, exhibió que la reunión pretendían hacerla en lo oscurito y en condiciones intimidatorias para ella.
La alcaldesa denunció desde las puertas de la Casa de la Corregidora, donde se ubican las oficinas del gobernador, Mauricio Kuri González, cómo le impidieron el paso a su equipo conformado por mujeres a una reunión con el mandatario.
En un video relató su experiencia al subir a la oficina del gobernador y ver en todo momento varones con sistemas de comunicación en los oídos, a los que además describió con una postura que consideró “intimidatoria”.
Acto seguido, aunque accedió a ingresar sola, sin las funcionarias públicas que la acompañaban, narró que después también le condicionaron dejar su teléfono fuera de la oficina donde sería el encuentro para poder ingresar a la reunión con el mandatario.
Esa práctica, la de no permitir el ingreso con teléfono a reuniones con servidores públicos, fue reconocida por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien admitió, minutos después, que eso fue parte de lo que no le agradó a la presidenta municipal.
“Parte de los protocolos que tenemos es, pues primero, el celular, entonces se molestó”, expresó el funcionario, después de la denuncia de la alcaldesa.
Ya sea que la razón de prohibirle su teléfono sea que no quieren que se grabe lo dicho en esas reuniones, como lo supone Astrid Ortega, resulta pertinente reflexionar sobre el sentido que tienen esos protocolos.
“¿Qué se podría tratar dentro de una oficina gubernamental que no se pueda tratar a puertas abiertas? ¿Qué no se puede decir en público que sí se tenga que decir en privado?”, preguntó acertadamente la presidenta de Cadereyta de Montes en su video.
Lo sustancial no es si se rompió un protocolo, sino reflexionar si esas prácticas aportan algo a la participación ciudadana, a la transparencia y a la democracia, o por el contrario facilitan la opacidad y los acuerdos o negociaciones en lo oscurito y de espaldas a la gente.
El expresidente López Obrador, que solía referirse a Mauricio Kuri como “un muy buen gobernador”, repitió una y otra vez a los miles de sus seguidores que se comprometieron con su proyecto político: “Es muy importante que la vida pública sea cada vez más pública”.
Ese es el planteamiento de Astrid Ortega, que con su postura nos recuerda otras palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al avance de las mujeres en México: “No como tutela o concesión, la mujer se ha venido abriendo paso con la idea de que la libertad no se implora, se conquista”.
La Presidenta de Cadereyta añadió que antes de la reunión pidió dejar la foto protocolaria para el final pero a la mera hora ni eso le concedieron y cuando lo quiso manifestar, en lugar de escucharla, aseguró que el mandatario se levantó y le dijo que ahí ella no decide.
Hasta ahora el gobernador Mauricio Kuri González no se ha pronunciado sobre la denuncia de la alcaldesa de Cadereyta, en su lugar el funcionario que habló del tema fue el secretario de gobierno, Eric Gudiño Torres.
Sin embargo, después de más de un año de que la alcaldesa ha solicitado audiencias de manera pública para tratar diversos temas, de ocho peticiones formales que asegura tener para tener un encuentro con el gobernador, la explicación del secretario de Gobierno parece poco convincente.
“Simplemente se paró y se fue” declaró el funcionario, Eric Gudiño Torres, al atribuir que se molestó por la presencia de un fotógrafo además de deslizar la posibilidad de que la alcaldesa actuó de forma premeditada.
Las reacciones han generado muestras de apoyo y críticas a la alcaldesa, quien representa un pueblo que la eligió con su voto, que demanda apoyo al gobierno para su la gente y que ha dejado claro que tiene carácter para defender su libertad de buscar apoyo, sin que eso implique someterse ante nadie ni permitirles humillaciones.
La postura que asumirá el gobernador está por verse. Ojalá sea una decisión que permita restablecer el diálogo con la presidenta de Cadereyta y dar muestra que más allá de diferencias, en el estado las autoridades privilegian el beneficio de la gente que los eligió sobre intereses partidistas o de cualquier otra índole.
*El autor es director de Libertad de Palabra y corresponsal de Proceso.
