Una investigación periodística afirma que el senador Adán Augusto López recibió transferencias por alrededor de 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, y que no aparecen en su declaración patrimonial; el político reconoce los ingresos y asegura haberlos declarado ante el SAT.
Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, reconoció haber tenido ingresos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, cuando era secretario de Gobernación en el gabinete del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador.
El reportaje de investigación de N+ (Televisa), que desató la polémica, sostiene que entre noviembre de 2023 y 2024 llegaron a cuentas vinculadas con el senador transferencias por un total aproximado de 79 millones de pesos provenientes de varias empresas privadas, algunas de las cuales habrían tenido contratos con el gobierno estatal de Tabasco y, en al menos un caso, fueron señaladas por irregularidades fiscales.
Según la investigación, esos movimientos contrastan con las cifras reportadas por López en su declaración patrimonial y fiscal, ya que en 2023 y 2024 el entonces secretario de Gobernación reportó ingresos mucho menores a los que ahora aparecen en la documentación que revisaron los periodistas. Esa discrepancia es, en gran parte, la que motiva las dudas sobre si hubo omisión de información o problemas de registro.
En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se limitó a decir que el senador debe aclarar los cuestionamientos. Tras la publicación, Adán Augusto López salió a dar la cara y reconoció haber recibido millones por “prestación de servicios profesionales”, al tiempo que aseguró que dichos ingresos se declararon ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que cumplió con el pago de impuestos correspondientes, ofreciendo cifras concretas sobre ISR pagado en 2023 y 2024.
El núcleo de la acusación periodística incluye empresas como Operadora Turística Rabatte y otras sociedades que, según la investigación, realizaron pagos por conceptos de “servicios profesionales” y que, en unos cuantos casos, estuvieron relacionadas con contratos públicos del propio estado de Tabasco, donde López Hernández fue gobernador. Algunos reportes señalan que una de las empresas fue detectada por autoridades fiscales por simular operaciones.
A pregunta expresa de si las acusaciones en su contra se tratan de “fuego amigo”, el senador Adán Augusto López señaló que existe una intención de dañar políticamente a su movimiento y dijo estar dispuesto a aclarar lo que haga falta.
“Yo soy pues un político ya de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas, yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo ‘a todo santo le llega su capillita’ y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo, pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo: dañar al movimiento, por eso es que vemos la desesperación en la oposición llena de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de ‘mafufadas’, ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”, expuso en una conferencia de prensa que él convocó en el Senado.
Autoridades de seguridad y procuración han confirmado la existencia de investigaciones en las que el nombre de Adán Augusto figura en expedientes o carpetas vinculadas a investigaciones sobre tráfico de combustible y presuntas redes de corrupción en Tabasco, sin que ello signifique todavía imputación formal, lo que complica el contexto y alimenta la percepción de riesgo reputacional para el senador.
Desde el punto de vista fiscal, la existencia de registros en el SAT como ingresos podría exculpar en lo tributario, pero no resuelve de manera automática preguntas sobre procedencia, posible vínculo con contratistas públicos o si hubo simulación de servicios.
Expertos consultados por medios insisten en que declarar ante el SAT es condición necesaria, pero que la verificación cruzada con contratos, beneficiarios y flujos reales es requisito para cerrar la investigación.
Legisladores de oposición piden que el caso llegue hasta la Fiscalía General de la República o a las autoridades competentes en materia de transparencia, mientras que en Morena se negocia una respuesta pública que combine la defensa institucional con la promesa de colaboración ante cualquier investigación formal.
El episodio vuelve a colocar en el foco público el uso de empresas “fachada” o “fantasma” en México —un fenómeno que las autoridades fiscales han venido combatiendo— y recuerda episodios previos donde contratos públicos y transferencias opacas han desembocado en acusaciones de corrupción y sanciones administrativas.
Organizaciones civiles y periodistas reclaman que se aceleren las verificaciones y que las autoridades fiscales y anticorrupción rindan cuentas sobre sus indagatorias.
En su defensa pública, Adán Augusto ha negado omisiones intencionales y ha señalado una supuesta filtración con fines políticos; al mismo tiempo, dijo estar dispuesto a presentar documentación que respalde su versión.
