El ministro presidente sostuvo que muchos no son “asesores” en sentido genérico, sino secretarios de Estudio y Cuenta y personal operativo, y anunció un recorte del 40 por ciento de esa plantilla.
Redacción
La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó mediante tarjeta informativa que el equipo de apoyo del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, asciende a 103 personas adscritas a distintas áreas de asesoría y apoyo, y no 97 como se había difundido inicialmente.
En ese comunicado, la Corte explicó que esta plantilla será sometida a un recorte del 40 % a partir del 1 de octubre, con el propósito de aligerar la estructura de apoyo al presidente del Máximo Tribunal.
En su distribución actual, la ponencia del ministro presidente estaría compuesta por 8 secretarios de Estudio y Cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Después del ajuste propuesto quedaría con 7 secretarios de Estudio y Cuenta, 8 auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.
La Corte también puntualizó que mantiene una estructura de “Coordinación de Dictaminación” encargada de revisar los proyectos elaborados por los ministros, con un coordinador, 12 secretarios de Estudio y Cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.
Además, la Presidencia de la Corte dispone de 10 colaboradores directos (incluido el ministro presidente).
Ante la controversia originada por el reportaje de Emeequis que señalaba 97 asesores con un costo mensual de más de 6 millones, Hugo Aguilar respondió que no se trata simplemente de asesores, sino de secretarios de Estudio y Cuenta u otro personal técnico-administrativo con funciones específicas. “No es así. En principio mantengo lo que aquí ha habido desde siempre en cuanto a asesores. Lo que cambia es que ahora solicité y me fue autorizada una ponencia”, dijo.
El ministro agregó que podría proporcionar cifras más precisas, pero anticipó que la ponencia incluirá alrededor de 40 personas (secretarios y apoyo) y que la Coordinación de Asesores se aproximará a 25 personas, incluyendo dictaminadores y administrativos.
Sobre los salarios posibles, Emeequis había documentado que algunos de esos funcionarios recibirían remuneraciones superiores a los 100 mil pesos mensuales, como el caso de Vidulfo Rosales Sierra, designado como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General, con salario neto estimado de 118 mil 138 pesos mensuales.
Rosales es abogado con historial de actuación en derechos humanos y fue representante jurídico de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como un promotor de protestas violentas luego de que, en 2024, padres de los desaparecidos del caso Ayotzinapa derribaron una puerta de Palacio Nacional.
También figura en el equipo Daniel Wong Ibarra, convertido en secretario auxiliar de la ponencia, con ingresos aproximados de 97 mil pesos mensuales, según los datos del portal de la Corte consultados por medios.
El cambio de 97 a 103 se interpreta como una reacción institucional para actualizar la nómina oficial y responder a las críticas mediáticas. Algunas versiones periodísticas indicaban que parte del equipo que antes no aparecía como “asesores” contribuirá a la estructura de apoyo jurídico y administrativo que acompaña la ponencia del presidente.
Organismos de transparencia y justicia recomendaron al nuevo presidente publicar el directorio completo de esos asesores, sus funciones específicas, salarios y criterios para la reducción. El anuncio de recorte del 40 % fue bien recibido en algunos círculos como un gesto de autocontrol institucional, pero también visto como insuficiente si no se aplica con rigor.
El contexto más amplio es que bajo la reforma judicial de 2024 la Presidencia de la SCJN dejó de tener funciones administrativas directas —esas funciones son ahora competencia del Órgano de Administración Judicial— lo cual obliga a que el presidente del tribunal tenga acompañamiento técnico para funciones jurisdiccionales que ahora desempeñará él mismo, explican voceros de la Corte.
Para próximas fechas queda pendiente que la SCJN publique el directorio completo y las nóminas actualizadas, pero el anuncio de recorte para octubre ya indica que habrá ajustes importantes. Mientras tanto, el debate sobre la transparencia de los gastos en la Corte y la legitimidad del acompañamiento administrativo sigue presente.
