La propuesta de legisladores del PAN prevé de 2 a 6 años de prisión, multas entre 350 y 500 días, y penas más severas cuando las víctimas sean menores, personas mayores, o cuando el agresor pertenezca a una red delictiva.
Redacción
Querétaro, Qro.- El diputado presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Guillermo Vega Guerrero, presentó una iniciativa para agregar el artículo 157 bis al título que regula delitos contra el sosiego público o contra la paz y seguridad de las personas, en el Código Penal de Querétaro.
Lo que propone el legislador del PAN no es sancionar el otorgamiento del préstamo en sí, sino los métodos ilegales de cobro, es decir, cuando se utiliza violencia física, moral o intimidación para exigir el pago de una deuda adquirida voluntariamente.
Las penas propuestas van de dos a seis años de cárcel y una multa equivalente a 350-500 días de salario, y se plantea un agravante que puede aumentar la sanción en 50 % si el cobro violento lo realiza alguien que pertenece o pretende pertenecer a una asociación delictuosa, o si la víctima es menor de edad, persona mayor de 60 años, o alguien con discapacidad cognitiva.
El diputado Guillermo Vega indicó que esta problemática tiene su origen en Colombia, pero que ya se ha extendido a varios estados del país, incluyendo Querétaro. En mercados, tianguis y zonas populares, se detectan cobros ilegales que ahogan a las personas, apropiaciones de bienes cuando no se puede pagar, amenazas y hostigamientos.
Se ha documentado que los intereses en préstamos “gota a gota” pueden llegar al 20-50 % mensual, lo que genera un ciclo de endeudamiento casi imposible de romper, que afecta la estabilidad económica y social de las familias. Además, muchas víctimas son pequeños comerciantes, trabajadores informales y personas sin acceso al sistema bancario formal.
El municipio de San Juan del Río ha sido señalado como uno de los más afectados. Según el alcalde Roberto Cabrera, se han identificado al menos 40 personas relacionadas con esta práctica, incluyendo prestamistas de nacionalidades colombiana, venezolana, hondureña y mexicana, lo que indica la operación transnacional de redes dedicadas a esta modalidad de crédito abusivo.
La iniciativa fue respaldada, entre otras personas legisladoras, por Enrique Correa Sada, diputado independiente.
Representantes del PAN argumentan que aunque los préstamos en general son legales, se requiere una regulación clara de los métodos de cobro, pues la violencia extrajudicial ha generado daños psicológicos, deuda impagable, pérdida de bienes muebles, e incluso amenazas personales contra deudores.
La iniciativa busca que los afectados cuenten con protección legal más efectiva, por lo que incluye medidas legales para que la Fiscalía de Querétaro tenga herramientas claras para perseguir estos casos sin necesidad de una denuncia prolongada, así como que los jueces tengan bases jurídicas para sentenciar el abuso.
Grupos ciudadanos y organizaciones de víctimas han mostrado apoyo a la propuesta del PAN; consideran que puede ayudar a frenar la impunidad que en muchos casos caracteriza las denuncias por extorsión informal, dado que muchos afectados no denuncian por miedo o porque desconocen cómo hacerlo legalmente.
“El ‘gota a gota’ es una forma cruel de explotación económica que golpea con fuerza a quienes menos tienen y pone en riesgo su seguridad, su dignidad y el bienestar de sus familias. Con esta iniciativa estamos decididos a proteger a los queretanos y a castigar con todo el peso de la ley estas prácticas ilegales que dañan a nuestra comunidad”, afirmó Enrique Correa.
En cuanto al proceso legislativo, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde habrá discusión técnica para determinar impacto presupuestal, viabilidad operativa, y posibles ajustes, particularmente respecto al agravante de “asociación delictuosa” y los grupos vulnerables.
Expertos legales consultados en medios locales advierten que la propuesta podría enfrentarse a retos como la demostración de la violencia o intimidación, la definición clara de “cobranza extrajudicial ilegal”, y delimitaciones para evitar que el tipo penal se use de forma excesiva o como instrumento político.
El Comité de Derechos Humanos de Querétaro enfatiza que para hacer efectiva la norma, será necesario acompañarla con campañas de denuncia accesible, defensorías legales gratuitas, protección para denunciantes y seguimiento judicial transparente.
