El ingeniero químico ambiental, Saúl Acevedo Polo, pide que se frene el proyecto hasta que existan garantías de monitoreo, transparencia y actualización normativa, al advertir que no todos los contaminantes del agua residual pueden ser eliminados en los procesos convencionales ni en los “avanzados”.
Señala que aunque se afirme que los procesos del “Sistema Batán” cumplirán con las normas oficiales mexicanas en materia de salud y de medio ambiente, dicha normatividad está “desactualizada”.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- El ingeniero químico ambiental Saúl Acevedo Polo observa que hay un “riesgo oculto” en el tratamiento de las aguas residuales que se propone para el “Sistema Batán” y pide frenar el proyecto hasta que existan garantías de monitoreo, transparencia y actualización normativa.
El proyecto, que impulsa el gobierno estatal de Mauricio Kuri González, tiene el objetivo de regenerar el agua residual, a través de una serie de procesos, para poder reutilizarla y suministrarla a la población.
A grandes rasgos, el agua será tratada en dos plantas y en un humedal, posteriormente será vertida en la presa “El Batán”, donde se almacenará con agua pluvial, luego será bombeada a otra planta donde se “potabilizará” mediante 11 procesos “avanzados” y finalmente será distribuida a la zona metropolitana de Querétaro.
El gobierno de Mauricio Kuri González asegura que el agua tendrá una calidad óptima y que cumplirá con la normatividad.
Sin embargo, Acevedo Polo, que aparece como el coordinador del Consejo Temático de Medio Ambiente del Municipio de Querétaro, advierte que no todos los contaminantes de las aguas residuales (antibióticos, hormonas sintéticas, microplásticos, fármacos, residuos de cosméticos, pesticidas o metales traza de origen industrial y agrícola) pueden ser eliminados en los procesos de tratamiento de aguas, tanto en los convencionales como en los “avanzados”.
“… incluso tras procesos complejos de tratamiento, permanecen trazas significativas de estos contaminantes en el agua. Lo más preocupante es que muchos de ellos actúan como disruptores endocrinos o neurotóxicos, con efectos bioacumulativos y de aparición tardía”, expuso en una publicación, en la que cita estudios, la cual había sido compartida más de mil veces en Facebook desde las 9:22 de la noche del miércoles.
El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, afirma que los procesos del “Sistema Batán” para tratar el agua cumplirán con todas las normas oficiales mexicanas: la NOM 001 SEMARNAT 2021, la NOM 003 SEMARNAT 2021, la NOM 004 SEMARNAT 2022 y la NOM 127 SSA1 2021.
No obstante, el ingeniero químico ambiental señala también que las normas oficiales mexicanas, en materia de contaminación, están desactualizadas frente al avance de la ciencia y la complejidad de los nuevos riesgos ambientales, y que no contemplan los llamados “contaminantes emergentes”.
Explicó que había llegado a esa conclusión tras profundizar en el estudio de los sistemas de tratamiento de agua y al realizar su tesis de posgrado.
“… aunque desde una lectura superficial el Sistema Batán ‘cumpla’ con la norma, la realidad es que esa norma ya no cumple con la protección de la salud. El riesgo no es menor si consideramos que el agua que se potabilizará proviene de fuentes domésticas, industriales y agrícolas, cargadas de residuos potencialmente peligrosos que no serán regulados, monitoreados ni eliminados por completo”.
Quien también ha participado en organizaciones de ambientalistas, puntualiza que la población más vulnerable a los contaminantes emergentes es la niñez.
“Es bien sabido que las niñas y niños presentan una vulnerabilidad biológica muy superior a la de los adultos: su sistema inmunológico está en desarrollo, sus órganos están en formación, y consumen más agua por kilogramo de peso”.
En la publicación, en la que etiqueta a 13 legisladores locales y a uno federal, Acevedo Polo sostiene que no se puede legislar ni aprobar infraestructura pública bajo criterios de costo-eficiencia, si ello representa un riesgo razonable para la salud de la población infantil.
“Es aquí donde el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º constitucional y en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe operar como límite inquebrantable”.
