Habitantes de Chilapa, Guerrero, denuncian ataques con drones y balaceras bajo la mirada impávida del Ejército. Mientras el Gobierno Federal afirma que no pueden ingresar a la zona para no arriesgar a civiles y apuesta por el diálogo, las comunidades exigen protección y reportan más de 1,300 personas desplazadas, 81 muertas y 25 desaparecidas tras más de 10 años de asedio por parte de ‘los Ardillos”.
El secretario Omar García Harfuch reconoce la presencia de grupos criminales en la zona, pero reporta solo 96 personas desplazadas y seis heridas.
El pasado 9 de mayo, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció públicamente balaceras, ataques de drones y la quema de sus viviendas en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, por parte del grupo ‘los Ardillos’, desde el 6 de mayo.
Exhibieron que este “grupo criminal” realizó estos ataques “bajo la mira del Ejército, estableciendo una trinchera a 200 m de una base militar en Tula, sin que estos actúen para detenerlos”, dejando solas a las comunidades.
Las agresiones provocaron que decenas de familias abandonaran sus casas y cultivos en medio de la noche para huir de los ataques y salvar sus vidas (más de mil 300 personas de la comunidad de Alcozacán, de acuerdo con sus reportes).
Las comunidades del CIPOG-EZ hicieron responsables a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, “por los continuos ataques en contra de las vidas de nuestras comunidades, hijos y familias y por la inacción del ejército y guardia nacional”.
Afirmaron que Rodríguez Cisneros, junto con el fiscal general de Guerrero, Zipacna Jesús Torres Ojeda; el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna, “son cómplices de ‘los Ardillos’”.
Además, señalaron a la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino ―cuñada de Celso Ortega Jiménez, uno de los presuntos líderes del grupo narcoparamilitar―, quien “junto con su sobrino Irving Carballo Chino, se han encargado de robar los recursos de nuestras comunidades y desviarlos a ‘los Ardillos’ para que sigan creciendo y equipándose con las armas y los drones que hoy lanzan contra nuestros pueblos”.
Asimismo, pidieron la intervención directa de la presidenta Sheinbaum para la detención inmediata de los hermanos Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez, así como la desarticulación del grupo criminal que lideran, y rechazaron las declaraciones que hizo la mandataria en su conferencia de prensa del 11 de mayo sobre la presunta protección a las comunidades.
“Dicen que nos están protegiendo, pero eso es mentira. Si de verdad quisieran proteger a nuestros pueblos, no habría niños durmiendo bajo la lluvia ni familias enteras escondidas en el monte”.
Las mujeres indígenas se mostraron escépticas ante la excusa que dio Rodríguez Cisneros respecto a que “no hay paso” para que el gobierno pudiera intervenir.
“El gobierno tiene helicópteros, armas y fuerzas suficientes para entrar (…) si no pueden garantizar la seguridad del pueblo, ¿para qué están?”.
El CIPOG-EZ reportó que ya suman 81 los indígenas asesinados y 25 desaparecidos durante estos 10 años que ha durado el conflicto con ‘los Ardillos’, ante lo cual la única respuesta que han obtenido por parte de las autoridades es la instalación de bases de operaciones cercanas a las comunidades, mismas que no han atenuado el asedio.
“La Guardia Nacional y la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), llegaron a nuestras comunidades para tomarse fotos, sin detener a nadie ni realizar acciones reales en beneficio de las comunidades, dejando claro que su presencia fue solo mediática y no para brindar seguridad o apoyo al pueblo”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad solo tiene el reporte de 96 personas desplazadas y seis personas heridas que ya han sido trasladadas al hospital de Chilpancingo.
Indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “está allá ya atendiendo el tema de manera personal” y que, aunque hay presencia del personal de la Guardia Nacional, del Ejército y autoridades estatales, no pueden ingresar a las comunidades afectadas porque “se pondría en riesgo la vida de otras personas”, por lo que se está dando prioridad al diálogo.
García Harfuch reconoció que alrededor de 20 personas están todavía dentro del área afectada, “donde está precisamente la secretaria de Gobernación para buscar su salida”.
Además, atribuyó este asedio a “dos grupos criminales que son ‘los Ardillos’ y ‘los Tlacos’. Sin embargo, el CIPOG-EZ dijo desconocer la presencia de este último grupo en la zona.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que desarmar a las personas que están ahí “va representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede haber una confrontación muy grave”.
Manifestó que su prioridad es que puedan salir las personas heridas y atender a las personas desplazadas, para luego, mediante el diálogo, promover que se quiten los bloqueos y que las personas puedan regresar a sus hogares.
“No se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional. Entonces, por eso le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el gobierno del estado, para permitir pues que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después pues ya vemos mediante el diálogo cómo pueden regresar estas personas y al mismo tiempo se atiende el problema pues de personas armadas que están ahí relacionadas con grupos delictivos”.
