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Reportan que gobierno de Querétaro apoyó a 40 personas defraudadas por notario

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Se trata del fraude por el cual fue detenido, en 2020, Fernando Lugo García Pelayo, expresidente del Consejo de Notarios y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Según la Secretaría de Gobierno de Querétaro, de 2022 a 2023 fueron atendidas 364 personas con el programa “Certeza Patrimonial, Querétaro Avanza Seguro”, creado para apoyar a quienes fueron afectados en su seguridad jurídica patrimonial con motivo de los trámites inconclusos del notario.
Afectados Notaría 24 Querétaro Fernando Lugo García Pelayo
Foto: Archivo de la página “Fraude Notaría 24 Querétaro Fernando Lugo García Pelayo”.

Iván Aldama Garnica

Querétaro, Qro.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, reportó que este año 40 personas habían recibido apoyo por el fraude de la Notaría 24, cuyo titular era Fernando Lugo García Pelayo.

García Pelayo fue acusado entre otras cosas de no entregar escrituras que le habían pagado.

Al menos 662 personas habrían sido afectadas, según la Secretaría de Gobierno de Querétaro.

“Las personas físicas en su carácter de contribuyentes, que se vieron afectados en su seguridad y certeza jurídica patrimonial, por los actos y omisiones del entonces Notario, en los trámites vinculados con la adquisición de inmuebles, que podrán ser hasta 662 (seiscientos sesenta y dos) afectados”.

Fernando Lugo García Pelayo fue designado notario titular de la Notaría 24 por el entonces gobernador panista Ignacio Loyola Vera, a 3 semanas de que concluyera su administración estatal.

En 2020, el también expresidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue aprehendido por la Fiscalía de Querétaro, que entonces encabezaba Alejandro Echeverría Cornejo, por el delito de “fraude genérico”.

Sin embargo, en 2022 fue reportada su liberación para que continuara su proceso en libertad.

La página de Facebook “Fraude Notaría 24 Querétaro Fernando Lugo García Pelayo” difundió que en agosto de 2022 estaba libre para continuar con su proceso.

“Un golpe más a la justicia de los mexicanos, el gobierno de Querétaro dejó en libertad al exnotario Fernando Lugo”.

Desde 2022, la Secretaría de Gobierno ha publicado cada año las reglas de operación del “Programa de Certeza Patrimonial, Querétaro Avanza Seguro”, con el objetivo de apoyar a las personas afectadas “en su seguridad jurídica patrimonial con motivo de los trámites traslativos de dominio inconclusos por el Licenciado Fernando Lugo García Pelayo, en su carácter de Notario Titular de la Notaría Pública número 24”.

En diciembre de 2022, la página “Fraude Notaría 24 Querétaro Fernando Lugo García Pelayo”, difundió que había personas afectadas que no tenían solución.

“… a nosotros los afectados no nos han resuelto nada”.

El primer año, según la Secretaría de Gobierno de Querétaro, fueron atendidas 183 personas y en 2023, 181 personas más, es decir 364, un 54.98 por ciento del total de las personas afectadas.

“… de los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, basados en las denuncias de las cuales tiene conocimiento, y de las investigaciones realizadas, se estima que el número de personas afectadas inicialmente ascendía a la cantidad de 662”.

Hasta diciembre de este año, según reportó el secretario Alcaraz Gutiérrez, 40 personas habían sido beneficiadas, por lo que faltaría atender a 258 personas.

En las publicaciones del programa, en los ejemplares del periódico oficial La Sombra de Arteaga del 02 de marzo de 2022, del 31 de enero de 2023 y del 30 de agosto de 2024, no se precisan los presupuestos del programa.

Sin embargo, el Diario de Querétaro difundió información obtenida por la Secretaría de Gobierno, acerca de que el gobierno estatal ha destinado un total de 26.9 millones de pesos: 14.6 millones en 2022, 8.3 millones en 2023 y 4 millones de pesos más este 2024.

En su momento, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reconoció que el exnotario público no había reparado el daño a todas las personas afectadas, solo a un mínima parte.

Por eso justificó que el gobierno tuviera que destinar recursos públicos para atender el asunto y apoyar a las personas afectadas.