- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, agregó que buscan homologar, mediante permisos federales, a las empresas de seguridad privada que brinden el servicio en estos recintos deportivos, “para que no pase lo que ocurrió en el estadio Corregidora donde la supuesta empresa de seguridad, que tenía un registro estatal, no cumplía con las características para prestar este servicio”.
Iván Aldama Garnica
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, dio cuenta de una serie de medidas que han implementado luego de los hechos de violencia en el estado Corregidora de Querétaro, ocurridos el 05 de marzo.
Dentro de su participación en la conferencia matutina presidencial de este viernes, Mejía Berdeja, reportó que han incrementado en un 41 por ciento la seguridad pública, a nivel estatal y municipal, en los estadios de fútbol.
“Se ha incrementado y mejorado la coadyuvancia, cuando es requerida por los propios propietarios de los bienes en los estadios”.
El pasado sábado 05 de marzo fue evidente la incapacidad de la empresa de seguridad privada “Grupo de Seguridad Élite K9”.
Pero también fue exhibida la falta de seguridad pública, tanto estatal como municipal, pues a diferencia de años pasados no se tuvo la suficiente respuesta para atender la situación y proteger a la gente que había acudido al partido de ese día, considerado de alto riesgo.
El funcionario de seguridad agregó en su exposición que están buscando homologar a las empresas de seguridad privada que brinden servicio en los estadios, mediante permisos federales.
“También se han estado validando a las empresas de seguridad privada, para que no pase lo que ocurrió en el estadio Corregidora donde la supuesta empresa de seguridad, que tenía un registro estatal, no cumplía con las características para prestar este servicio”.
La empresa de seguridad privada que fue contratada para el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Zorros del Atlas de Guadalajara, tiene el nombre comercial “Grupo de Seguridad Élite K9”.
Sin embargo, la autorización S.S.C./S.S.P./394 para prestar el servicio de seguridad privada (“Vigilancia en inmuebles, traslado y protección de personas. Vigilancia de eventos masivos”) fue otorgada a Susana Pantoja Luna durante el gobierno del panista Francisco Domínguez Servién.
Dentro de las acciones reportadas esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, incluyó la tomada por los clubes de fútbol en México, que determinaron cerrar las zonas que ocupaban los grupos de animación de los equipos visitantes, las llamadas “barras”.
“Que era donde se daban los conatos de bronca o los pleitos”.
También mencionó que las instituciones deportivas establecieron un mecanismo para la identificación única de aficionados, el “Fan ID”.
“Para que en caso de violencia o en caso de un incidente se pueda ubicar de manera inmediata a la persona que está generando este tipo de incidentes”.
Otros puntos que destacó el secretario fueron la credencialización de los grupos de animación, “para que solo puedan ubicarse en zonas designadas en cada estadio”; la prohibición absoluta a menores de edad para acceder a las zonas destinadas a grupos de animación; así como la elaboración de un protocolo de igualdad de género, “en contra del racismo y a favor de la inclusión”.
Al hacer alusión a los hechos de violencia en el estadio Corregidora, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó dentro de su primer informe haber tomado “al toro por los cuernos” y agregó que siempre había hablado con la verdad.
Su gobierno desarrolló el programa “Somos Querétaro”, con el fin de restaurar el tejido social y reforzar valores en la entidad.
Aunque la Fiscalía de Querétaro reportó haber obtenido la vinculación a proceso de 72 personas por los hechos de violencia en el estadio Corregidora, la magistrada presidenta del Poder Judicial de Querétaro, Mariela Ponce Villa, declaró en octubre que 67 de las personas imputadas, habían terminado ya su proceso, sin una sentencia en prisión.
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