Las querellas señalan un posible quebranto cercano a los 800 millones de pesos por pagos duplicados, nóminas sin soporte y transferencias irregulares, en el periodo en que el morenista fue gobernador de Tabasco.
Redacción
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó 37 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del grupo legislativo de Morena, Adán Augusto López Hernández.
La presentación de las 37 denuncias ocurrió en las oficinas centrales de la FGR, donde la legisladora explicó que las carpetas se sustentan en pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en auditorías que, según ella, no han recibido trámite efectivo desde 2021.
Pérez-Jaén dijo buscar que la Fiscalía investigue “hasta las últimas consecuencias” y deslinde responsabilidades penales a quien corresponda.
Entre las irregularidades que cita la denunciante, figuran pagos duplicados a trabajadores, nóminas ejecutivas sin soporte, contratos sin documentación comprobatoria, transferencias a unidades médicas sin justificación y pagos a personas fallecidas o con licencia, cuando López Hernández era gobernador de Tabasco, lo cual representaría un monto de casi 800 millones de pesos.
La diputada del PAN afirmó que la ASF entregó los resultados de las auditorías a las cuentas públicas de Tabasco 2019-2020, desde febrero de 2021 y que, pese a ello, no hubo acciones contundentes para recuperar los recursos o sancionar a responsables. Por eso, dijo, decidió acudir a la FGR para activar la vía penal ante la presunta omisión de la auditoría, en ese entonces a cargo de David Colmenares Páramo.
La FGR, según reportes periodísticos, recibió las denuncias y las turnó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que analizará y determinará si inicia carpeta de investigación y ordena medidas como requerimientos de información, citatorios o aseguramientos.
El propio Adán Augusto López respondió a preguntas de la prensa minimizando las denuncias y atribuyéndolas a un “trasfondo político”; dijo que cualquier ciudadano puede presentar querellas y que él atenderá las que reciban trámite, pero también advirtió que muchas observaciones administrativas son “mínimas” en el contexto del presupuesto estatal.
A su vez, pidió esperar a los resultados de las investigaciones: “que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”.
Medios que cubrieron la denuncia han citado hallazgos como el pliego de observaciones 1334-GB-GF (recursos para seguridad pública) y otros rubros con montos que, sumados, constituyen la cifra reclamada por la denunciante.
Organizaciones civiles y comités anticorrupción se sumaron al reclamo y pidieron a la ASF, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la FGR coordinar las indagatorias sobre posibles inconsistencias patrimoniales y fiscales del exgobernador. Estos llamados exigen transparencia en el seguimiento de las auditorías y en las acciones penales, si las hubiera.
La oposición celebró la iniciativa como un paso para exigir cuentas, mientras que legisladores del bloque de Morena calificaron la denuncia como una operación mediática destinada a desgastar políticamente al coordinador de su bancada.
