La vocera de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, recordó que en septiembre pasado, el lugar había sido registrado por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Iván Aldama Garnica
Al pronunciarse por el caso del “Rancho Izaguirre”, de Teuchitlán, Jalisco, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) consideró “más perturbador” que el hallazgo mismo, el hecho de que las autoridades no hayan detectado pruebas cruciales anteriormente.
En una publicación realizada este viernes en su portal oficial, la ONU-DH reprodujo el posicionamiento de la vocera de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
La vocera recordó que en septiembre pasado, el lugar había sido registrado por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
“El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.
El propio fiscal del estado, Salvador González de los Santos, que tomó posesión en diciembre pasado, casi tres meses después de los hechos, calificó como “insuficientes” los trabajos de búsqueda en el predio.
En aquel momento, el titular de la institución investigadora era Luis Joaquín Méndez Ruiz.
“La primer búsqueda de restos humanos, encabezada por la fiscalía del estado, ocurrió el 18 de septiembre pasado y se prolongó hasta octubre, participaron más de diez personas, se contó con una retroexcavadora, medidores de compactación de suelos y binominos caninos. Sin embargo, ante los recientes hallazgos, los trabajos fueron insuficientes”.
Dos días después del inicio de esa primera búsqueda que refiere el fiscal jalisciense, la Guardia Nacional, en aquel momento comandada por David Córdova Campos, difundió el comunicado 164.
En dicho documento, la Guardia Nacional reportó haber rescatado a dos personas maniatadas y haber asegurado un “centro de adiestramiento” en la comunidad La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco.
En la acción, coordinada con integrantes el Ejército Mexicano, sin realizar “ningún disparo” los elementos detuvieron a diez personas.
“En una rápida acción, en la que no se realizó ningún disparo, se detuvo a 10 presuntos delincuentes quienes portaban armas de fuego”.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que esas diez personas habían sido vinculadas a proceso.
Además del hallazgo de una persona sin vida, el 20 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional reportó que los elementos habían localizado lo siguiente durante una inspección:
“4 fusiles de asalto, 2 armas cortas, 21 cargadores, 1 granada de mano, 10 placas balísticas, 5 chalecos tácticos y 4 vehículos”.
Las autoridades mexicanas no confirman aún que en el predio hayan sido encontrados restos humanos: “Hasta el momento se han localizado cuatro espacios con presuntos restos humanos, estamos llevando a cabo un análisis forense, detallado y minucioso para poder determinar determinar la procedencia de los restos y los objetos encontrados”.
Esta semana fue informado que la Fiscalía General de la República atrajo el caso.
Ayer, la Fiscalía de Jalisco difundió haber constatado “que no existen estructuras que fungieran como hornos”.
No obstante, añadió haber incorporado herramientas tecnológicas a la búsqueda para detectar anomalías del subsuelo “que pudieran estar relacionadas con inhumaciones clandestinas”.
No obstante, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, refirió que en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, México, habían sido descubiertos “restos humanos calcinados”.
Throssell agregó que “presuntamente”, el rancho era operado por un cártel de drogas:
“Según se informó, era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para entrenar a jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo, eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cártel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar”, expuso la funcionaria de Naciones Unidas.
La ONU, a través de la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, llamó a las autoridades mexicanas a garantizar “investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, para fortalecer los esfuerzos para identificar los restos encontrados ahí, y para permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas”.
