La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Xalapa, confirmó la determinación que obliga a tres periodistas a ofrecer disculpas, por violencia de género contra la gobernadora de Campeche.

Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) dictó una resolución que obligó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali a ofrecer disculpas públicas en su programa digital La Barra Noticias, al considerar que realizaron expresiones ofensivas y estereotipadas, equivalentes a violencia política de género en su vertiente digital y mediática, en contra de la gobernadora Layda Sansores San Román.
La decisión del tribunal local fue confirmada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Xalapa, lo que dejó a los periodistas sin margen para apelar dicha sanción.
En cumplimiento de la orden, los comunicadores difundieron un video en el canal digital donde cada uno leyó el texto predispuesto por las autoridades:
“Se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
Este caso no es aislado, ya que en julio una jueza ordenó al periodista Jorge Luis González Valdez abstenerse de referirse públicamente a Sansores San Román y a dejar de ejercer el periodismo durante el tiempo que dure el juicio. Además, instruyó designar a un censor para revisar de manera previa todo contenido publicado, que hasta la fecha no ha sido nombrado.
En su denuncia la gobernadora acusa a González Valdez de “incitar al odio en su contra” y causarle “daño psicológico”, por lo expresado en una columna anónima que se publica en el diario Tribuna Campeche, que este ha dirigido por 30 años.
En dicha columna, titulada Las tripas del jaguar —en relación al programa televisivo de la gobernadora, de nombre Los martes del jaguar—, se expresan críticas dirigidas al gobierno, que encabeza Layda Sansores en Campeche, al que acusan de corrupto, populista y mentiroso.
En respuesta a los cuestionamientos sobre la censura que ejercen gobiernos morenistas como el de Campeche o Puebla, de Alejandro Armenta Mier, en donde han iniciado 22 procesos judiciales en contra de periodistas en los últimos 7 años, y se puede sancionar a usuarios que ofendan a alguien en redes sociales; la presidenta Claudia Sheinbaum justificó a la gobernadora Sansores diciendo que “Ella no quiere llevar a nadie a la cárcel, lo que quiere es que se reconozca que hay un asunto de misoginia y de odio vinculado con ser mujer”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha considerado estas decisiones como un serio atentado contra la libertad de expresión, advirtiendo que estas prácticas replican un patrón alarmante de acoso institucional hacia la prensa crítica en el país.
Defensores de derechos y periodistas han denunciado que estas acciones representan una forma de censura judicializada, que buscan contener las críticas y ejercer un control sobre los medios independientes, lo que amenaza el pluralismo informativo y los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.



