El documento en el que Astrid Alejandra Ortega Vázquez le solicita un paquete de auxilio económico a Mauricio Kuri González, señala una serie de descuidos, incumplimientos, adeudos, opacidad y otras prácticas en las que, advierte, incurrieron gobiernos anteriores del PRI y del PAN.
Ahora el sindicato, expone la presidenta municipal, reclama un pago de 52.6 millones de pesos, lo que equivale “al 11.22% del total del presupuesto, y más del 50% de la parte destinada a obra pública” en Cadereyta de Montes.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- El oficio que la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, envió al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, para solicitarle un paquete de auxilio económico, da cuenta de una serie de vicios y prácticas atribuidas a administraciones pasadas del PRI y del PAN.
Dichas prácticas, expone la alcaldesa, han generado “un conflicto social, económico y jurídico en el municipio”.
“… acudo a usted, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a fin de buscar su apoyo, para que a través de las instrucciones que considere necesarias, se pueda autorizar un paquete de auxilio económico o el destino de partidas excedentes previstas por el artículo 71 de la Ley para el Manejo de Recursos Públicos al municipio, ya sea de modo directo o constituyendo incluso un fideicomiso en común para tal fin. Ello, como base para lograr un acuerdo con las y los trabajadores sindicalizados que permita transitar a la conjura de la huelga”.
En primer lugar, el oficio, con sellos de recibido del 17 de febrero de la Secretaría Particular del gobernador y de las secretarías de Finanzas y de Gobierno, exhibe una práctica en la administración pública de Cadereyta de Montes, la cual tiene que ver con el despido y la contratación de personal al inicio y al final de cada gobierno municipal.
La presidenta municipal expuso al gobernador que desde 2012 –en el último gobierno que ha tenido el PRI en Cadereyta de Montes, con Rodrigo Mejía Hernández– y durante las tres administraciones del PAN (2015-2018) y (2018-2021) de León Enrique Bolaño Mendoza y (2021-2024) de Miguel Martínez Peñaloza, se ha generado un “prolongado pasivo laboral”.
“… múltiples indemnizaciones pendientes de pago, a propósito de juicios laborales que han entablado trabajadores y trabajadoras que en su momento fueron despedidas. También en gran medida, varias de ellas producto de contrataciones del personal sin cuidado alguno, y sobre todo, de haberles despedido de manera previa al fin de cada administración, sin hacerles el pago correspondiente a su indemnización. Es decir, debido a un deficiente manejo administrativo burocrático, se creaban pasivos laborales para la siguiente administración entrante”.
Un segundo punto que refiere la presidenta municipal al gobernador es que, en lugar de resolver de fondo ese problema con el personal sindicalizado, los gobiernos anteriores del PRI y del PAN optaron por hacer negociaciones comprometiendo recursos públicos, es decir de la gente de Cadereyta de Montes.
De esa manera, según la presidenta municipal, fueron pactadas entregas de prestaciones diversas y dádivas.
“Año con año se estuvieron pactando –vía convenios con el sindicato– múltiples apoyos que se convirtieron en nuevos y costosos pasivos para la administración municipal. Entre estos, destacan apoyos en despensas, pago de fiestas, de viajes, seguros de vida, y otras prestaciones de índole similar”.
Sin embargo, Ortega Vázquez señala que desde 2015, año en que también hubo una huelga –cuando gobernaba el priista Rodrigo Mejía Hernández y tras las elecciones que ganó el panista León Enrique Bolaño Mendoza, actual director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq)– y hasta septiembre de 2024, al final de la administración de otro alcalde panista, Miguel Martínez Peñaloza, esas prestaciones convenidas fueron incumplidas “y generaron incremento de pasivos que no fueron atendidos por las administraciones en turno”.
Un tercer aspecto del oficio de la presidenta municipal entregado en las oficinas del gobernador, tiene que ver con la opacidad y la falta de información.
Según la presidenta municipal, la situación con los pasivos laborales le fue ocultada en el proceso entrega-recepción.
“Nunca se entregaron datos de la existencia de pasivos laborales diversos a la larga lista de juicios que hemos señalado, es decir, no se refirió que se tuvieran adeudos con el sindicato devenidos estrictamente de prestaciones de convenios”.
Esa situación, refiere Ortega Vázquez, infringió lo que mandata la ley:
“Contrario a lo que dispone el artículo 38, tercer párrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes para el 2024, jamás se estableció la existencia de una partida necesaria para solventar pasivos laborales relativos a convenios con el sindicato, es decir, se dejó en total opacidad la situación que la administración tenía con sus trabajadores sindicalizados”.
En cuarto lugar, la presidenta municipal expone que las administraciones pasadas no combatían adecuadamente los juicios mercantiles y civiles contra el municipio de Cadereyta de Montes, en los que se reclamaban pagos de prestaciones por contratos públicos de adquisición de bienes o servicios, “y por supuestos trabajos disfrazados de contratos profesionales”, lo que ha causado un daño al erario.
“Estos juicios eran completamente improcedentes en las vías intentadas por tratarse de juicios que debieron instarse ante tribunales administrativos por su propia naturaleza, pero lejos de realizar las defensas correctas, en varios de estos existe una ausencia total de defensa de la vía correspondiente, lo que ha generado sentencias cuantiosas y órdenes de ejecución que se encuentran en curso y que afectan gravemente la hacienda pública municipal, incluso al grado de embargarse ilícitamente bienes públicos”.
Como quinto punto, la alcaldesa exhibe la práctica de que en lugar de cumplir sentencias a favor de trabajadores que alegaron despidos injustificados, las administraciones municipales anteriores los volvían a contratar, lo que calificó de “irreal”.
“Tenemos casos en donde se despedía injustificadamente a trabajadores y, teniendo sentencias condenatorias contra el municipio, se les volvía a contratar en otro puesto para volver generar relación laboral y prestaciones afectando a la subsecuente administración municipal. O bien, demandas de millones de pesos por servicios no comprobados y un posterior convenio de reconocimiento de adeudo en juicio mercantil para lograr con ello dar derecho de ejecución de sentencia a los actores”.
Un sexto punto que señala en su escrito Ortega Vázquez al gobernador Mauricio Kuri es que desde antes de 2020 y hasta septiembre de 2024, en la ejecución del gasto público de Cadereyta de Montes, no se habían realizado erogaciones para cubrir los pasivos devenidos de convenios con el personal sindicalizado ni para el pago de sentencias de juicios en donde se firmaron convenios.
“Esto aumenta el riesgo financiero en todo sentido”.
Ante esta situación, la presidenta municipal expuso que el sindicato reclama el pago de 52.6 millones de pesos por múltiples prestaciones económicas, que datan de por lo menos 2015 y hasta 2024.
“Suman –según su reclamo contenido en el Pliego Petitorio– $52,645,839.08, amén de que también se reclama el incremento de un sinfín de prestaciones conferidas vía convenio, y cuyo aumento resulta imposible de cubrir bajo el presupuesto con el que cuenta el municipio”.
Dicho monto, señala la presidenta municipal, equivale a un 11.22% del total del presupuesto de Cadereyta de Montes y a más del 50% del recurso contemplado para obra pública en el municipio, el de mayor extensión territorial en Querétaro.
“… el pago de tal monto, aun mediante negociación, mermaría de manera considerable el desarrollo del municipio y su sociedad”, expuso la alcaldesa al gobernador.
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