- Lo que olvidaron en el gobierno de Querétaro fue la promesa de dar tarifa gratis a personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- El Consejo Directivo del Instituto Queretano del Transporte, que según la Ley de Movilidad preside el gobernador, aprobó una condonación de multas y recargos a concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, incluido el colectivo.
“Los concesionarios y permisionarios de todas las modalidades de transporte público que tengan algún adeudo, tienen hasta el próximo 17 de septiembre para obtener un descuento de 100 por ciento en multas y recargos por refrendos y renovaciones de los años 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020”.
Según el comunicado 035/21 del Instituto Queretano del Transporte (IQT), fueron los concesionarios y permisionarios quienes solicitaron este beneficio, mismo que fue aprobado por los integrantes del Consejo (la autoridad superior del IQT), que además de ser presidido por el gobernador Francisco Domínguez está integrado, entre otros funcionarios, por el secretario de Gobierno; Juan Martín Granados Torres, el oficial mayor, José de la Garza Pedraza; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero; el director del Transporte, Alejandro López Franco; el presidente de la Comisión de Movilidad, el panista Luis Antonio Zapata Guerrero, y alcaldes de Querétaro, Corregidora, El Marqués o San Juan del Río, es decir, de aquellas demarcaciones donde opere el sistema de transporte colectivo mediante rutas concesionadas y con integración física, operacional y tarifaria del servicio.
“Durante más de un año los concesionarios, permisionarios y operadores se han esforzado para que el transporte público de Querétaro se mantenga operando con las medidas sanitarias; por eso, ahora que más lo necesitan, queda demostrado que existe compromiso por apoyarlos”.
Lo que olvidaron en el gobierno panista de Querétaro, en el caso del transporte público colectivo, fue la promesa de dar tarifa gratis a personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
El abogado César David Tarello Leal, quien llevó el proceso para que un Tribunal resolviera a favor de un usuario del transporte público colectivo urbano –colegiado que detectó que el incremento a la tarifa transgredió el derecho fundamental de legalidad–, considera que las autoridades solamente benefician a los empresarios del transporte y no a las personas que lo utilizan.
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